El Tribunal de Faltas de la Municipalidad acumula alrededor de 500,000 multas que actualmente no pueden ser cobradas por la vía judicial debido al elevado costo de los bonos de justicia. Así lo planteó la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, durante su comparecencia ante la Legislatura.

Chahla se reunió con el vicegobernador, Miguel Acevedo, y parlamentarios de diversas bancadas para solicitar la elaboración de un proyecto de ley que permita al municipio litigar en condiciones más favorables, considerando los altos costos de los bonos de justicia.

En la reunión estuvieron presentes diversas autoridades legislativas y municipales, entre ellas el presidente subrogante, Sergio Mansilla, y el fiscal municipal, Conrado Mosqueira.

La intendenta explicó que la cantidad considerable de faltas acumuladas debe ser cobrada en aras de la seguridad ciudadana y la concienciación de los ciudadanos respecto al cumplimiento de las normativas, especialmente en materia de tránsito.

Por su parte, el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, detalló que según la ordenanza, una infracción puede ser remitida a Fiscalía para su ejecución judicial cuando el valor de la multa excede el equivalente a cinco bonos de la Caja de Previsión y del Colegio de Abogados, lo que actualmente suma alrededor de $165,000. La intención de la reforma normativa es facilitar el proceso de cobro, especialmente en casos que involucran recursos de amparo o litigios en el fuero contencioso administrativo.

La idea central detrás de esta iniciativa es que los ingresos generados por las cobranzas sean reinvertidos en beneficio de la comunidad, mejorando infraestructuras y espacios públicos. El legislador Gallia señaló que se trabajará en un proyecto desde la Legislatura para abaratar los costos de litigio en relación a las multas municipales, con el objetivo de facilitar la gestión de los intendentes. Es importante destacar que, en el caso del Estado, provincial y municipal, no se requiere el pago de bonos ni tasas en el Juzgado de Cobros y Apremios, donde se tramitan las ejecuciones.