La Justicia de Córdoba imputó a Gabriela Nahir Fernández, una interna trans que fue trasladada a un pabellón de mujeres tras cambiar de género y que ahora enfrenta graves acusaciones de abuso sexual contra otras reclusas. La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del segundo turno informó que Fernández está detenida y bajo investigación por su accionar en la cárcel de Bouwer, donde habría aprovechado su identidad para someter a otras presas.

El traslado de género y las denuncias en su contra

Fernández había ingresado al sistema penitenciario en 2016 con identidad masculina, cumpliendo una condena por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. Sin embargo, tras cambiar de género en 2018, fue trasladada al pabellón femenino y, al poco tiempo, obtuvo la libertad condicional.

En 2019, volvió a ser detenida luego de que su entonces pareja la denunciara por violencia. Lo llamativo del caso es que la denuncia fue presentada bajo su antigua identidad masculina, lo que despertó sospechas sobre su verdadera autopercepción de género y su intención al modificar sus documentos.

Según la Justicia, una vez en libertad, Fernández utilizó ambas identidades para relacionarse con diferentes parejas, muchas de las cuales también la denunciaron por violencia de género.

Ya dentro del pabellón de mujeres, comenzaron a surgir acusaciones de agresiones y amenazas contra otras internas. La situación escaló hasta que se denunció que una de las presas quedó embarazada tras ser violada, lo que llevó a la Justicia a revisar su situación carcelaria.

El fallo dictado en noviembre describe a Fernández como una persona que, en lugar de adaptarse a las normas del penal, usó su identidad de género para dominar a las internas, aprovechando la falta de protocolos específicos para casos como el suyo.

Los jueces señalaron que Fernández impuso "viejos códigos carcelarios", utilizando su género "binario" para intimidar y manipular a otras mujeres. Además, el expediente judicial revela que acumuló sanciones disciplinarias por generar conflictos y alterar el orden del pabellón.

Ante la gravedad de las acusaciones, la Justicia resolvió que Fernández no podrá compartir celda ni con hombres ni con mujeres, dado que su caso presenta una complejidad única dentro del sistema penitenciario.

Mientras la investigación avanza, las autoridades evalúan nuevas medidas para abordar este tipo de situaciones en las cárceles argentinas, donde aún no existen protocolos claros para el alojamiento de personas trans con antecedentes de violencia sexual.

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