Jóvenes ambientalistas de Tucumán instaron a diputados y senadores a votar en contra de las reformas de Milei

Las organizaciones ambientalistas de Tucumán, Jóvenes por el Clima Tucumán y Salvarnos Salvando, se pronunciaron en contra del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como "Ley Ómnibus", y del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23. Según el comunicado difundido por sus miembros, estas organizacionesenviaron mails y mensajes a los diputados y senadores tucumanos para explicarles su postura e instarlos a votar en contra de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

"Ambas propuestas suponen no solo un retroceso en materia de regulación ambiental, sino que representan un peligro para la República y la división de poderes", afirmaron. Algunos de los cuestionamientos realizados a los proyectos apuntan a que tanto el DNU como la Ley Ómnibus representan "un avasallamiento a las potestades del Congreso de la Nación".

Las organizaciones alertaron sobre 6 puntos claves que se verían afectados con las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional. En primer lugar, señalaron que las modificaciones a la Ley de Bosques (Ley N° 26.331) "pretende habilitar el desmonte de bosques calificados en las categorías roja y amarilla", restringe "las fuentes de financiamiento para la aplicación de la ley" y "elimina la mención específica al acceso a la información de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas".

En segundo lugar, advirtieron que las modificaciones en la Ley de Glaciares (Ley N° 26.638) "elimina la protección a los ambientes periglaciares" y "autoriza el avance de actividades económicas que afectarían gravemente los recursos hídricos". Además, las organizaciones reclamaron que las modificaciones en la Ley de Control de Actividades de Quema (Ley N°26.562) "autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin presencia ni control" de la autoridad correspondiente.

El resto de los señalamientos se enfocaron en los cambios en la Ley de Régimen de Fomento de la Generación de Energía Distribuida (Ley N° 27.424), en la derogación de la Ley de Tierras (Ley N° 26.737) y en la privatización de distintas empresas públicas. Estos últimos señalamientos, según los argumentos brindados, afectarían la transición climática y pondrían en peligro la soberanía del país sobre sus recursos naturales.

En este sentido, declararon que es necesario "adoptar medidas que sean fruto de amplios consensos, y que permitan mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático". "Las juventudes necesitamos más democracia para lograr las transformaciones que el mundo necesita", concluyeron.