El pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei ha tomado fuerza tras el escándalo generado por la criptomoneda $LIBRA. Este caso involucra denuncias de estafa y posibles delitos asociados a la función pública del presidente. Sin embargo, ¿qué establece la Constitución sobre el juicio político? ¿Y qué implica este proceso en términos legales y constitucionales?

Para responder estas preguntas, consultamos a Dante Mirra, abogado constitucionalista, quien nos brindó un análisis detallado. Mirra destacó que el juicio político es un proceso eminentemente político, no jurídico. Es decir, no se basa en una lógica estrictamente legal ni en pruebas criminales, sino en la voluntad política del Congreso de la Nación. 

Aunque tiene aspectos formales que deben respetar el debido proceso, no tiene como fin determinar la culpabilidad del acusado en términos penales. La única meta del juicio político es decidir si el presidente debe o no ser destituido de su cargo.

Causales del juicio político y el rol del Congreso

Según la Constitución argentina, existen dos causales principales para iniciar un juicio político: el mal desempeño en sus funciones y la comisión de un delito en el ejercicio de la función pública o fuera de ella. Aunque ambas causales están establecidas, el juicio político se diferencia de un proceso judicial ordinario porque su único objetivo es la destitución del presidente, no su condena por un delito. Las sanciones penales, civiles o económicas, si existieran, se determinarían por otros medios judiciales.

Mirra detalló que la Cámara de Diputados es la encargada de acusar al presidente.  Para que la acusación prospere, se necesita una mayoría de dos tercios de los votos en Diputados. Luego, el proceso pasa al Senado, que actúa como tribunal de juicio, y para que el presidente sea destituido, también se requieren dos tercios de los votos en esta cámara.

Sin embargo, el abogado señaló que es una tarea compleja, ya que el actual panorama político hace que sea difícil alcanzar la mayoría necesaria, debido a que no hay un solo bloque con esa cantidad de votos.

El juicio político no decide si el presidente es autor de un delito o no, sino que es un proceso que decide sobre su permanencia en el cargo. Si el presidente es condenado en un tribunal penal, eso sí constituiría una de las causales de destitución.

¿Qué opciones de defensa tiene el presidente?

Frente a la posibilidad de que el juicio avance, Milei podría recurrir a varias formas de defensa, aunque, como explicó Mirra, su principal herramienta sería el derecho a la defensa dentro del proceso. Sin embargo, no existen "herramientas" legales como decretos o recursos extraordinarios para evitar el juicio político en sí. La única vía para frenar este proceso es la decisión política que tome el Congreso, que, en última instancia, es quien tiene la facultad de iniciar el juicio.

En cuanto a los argumentos, el presidente podría defenderse alegando que se trata de una persecución política. No obstante, como aclaró el constitucionalista, el juicio político es un proceso claramente determinado por la política, por lo que dependerá del contexto parlamentario y de las alianzas que logre conformar para evitar que avance.

Mirra destacó que en la historia argentina ha sido difícil concretar juicios políticos, ya que suelen requerir un consenso político amplio, algo que, según el abogado, podría ser complicado en este caso, dado que no existe un bloque que logre reunir los dos tercios necesarios para avanzar con la acusación.

¿Es el juicio político un proceso común en la Argentina?

La destitución de un presidente por juicio político no es algo frecuente en la historia argentina, como destacó Mirra. En la práctica, solo se han dado intentos de juicio político, pero ninguno ha resultado en la destitución de un presidente en ejercicio. Un caso histórico que mencionó el abogado fue el juicio político a Hipólito Yrigoyen en 1930, cuando fue acusado por su gobierno, pero nunca se concretó debido al golpe militar que destituyó al presidente Yrigoyen antes de que se dictara una sentencia.

En cuanto a la situación actual, Mirra explicó que aunque las causales para el juicio político son claras, el Congreso tiene la última palabra en cuanto a si el proceso avanza o no. Esto convierte al juicio político en un instrumento eminentemente político, en lugar de un proceso judicial técnico.

Además, el sistema parlamentario argentino es un híbrido, por lo que no es tan sencillo como en sistemas de otros países donde el presidente podría ser removido por una votación parlamentaria. En Argentina, los dos tercios en ambas cámaras son necesarios para iniciar y concluir el juicio político, lo que hace que el proceso sea mucho más complejo.