Esta vez, Burford ha exigido que el 51% de las acciones de YPF, empresa petrolera controlada por el Estado argentino, sean transferidas a su nombre. 

La petición será analizada por la jueza Loretta Preska y se espera una decisión para junio.

La solicitud de Burford surge como parte de un largo proceso legal que se inició hace más de 9 años, cuando la jueza Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. 

La demanda, que ya está en proceso de apelación, cobró nueva relevancia cuando Burford solicitó recientemente quedarse con el paquete accionario de YPF, incluyendo las acciones que pertenecen al Estado argentino y a las provincias.

La jueza Preska, quien previamente indicó que las acciones de YPF podrían utilizarse como garantía para evitar embargos futuros, no tomará una decisión hasta la primera semana de junio. Sin embargo, si la decisión favorece a Burford y Argentina no cumple con la transferencia de las acciones, el país entraría en desacato con la corte estadounidense, una situación que ya enfrentó en el pasado.

El presidente argentino, Milei, abordó la situación, reconociendo la falta de recursos para pagar la compensación de USD 16.000 millones a Burford. Propone un nuevo impuesto, denominado "tasa Kicillof", en referencia al gobernador bonaerense que impulsó la expropiación en 2012. Esta propuesta busca recaudar fondos para cubrir la deuda y evitar una situación de desacato con la corte estadounidense.