Juicio por YPF: el Gobierno espera una decisión clave de EE.UU.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentará un escrito este miércoles para opinar sobre la entrega de acciones de YPF a los demandantes, en un caso clave para las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Gobierno argentino se encuentra a la espera de una decisión crucial por parte de la administración de Joe Biden en relación al caso de la expropiación de YPF. 

Este miércoles vence el plazo para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presente un escrito formal sobre la posible entrega de las acciones de la petrolera estatal que están en manos del Estado argentino.

El escrito de EE.UU. y su posible impacto en el caso YPF

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene hasta la medianoche de este miércoles para entregar su declaración sobre la moción que pide la entrega de las acciones de YPF a los demandantes. El escrito, que estaba bajo evaluación, podría tener un impacto importante en la resolución del litigio. Sin embargo, según analistas, la opinión del Departamento de Justicia podría ser favorable para Argentina, pero se limitaría exclusivamente al tema de la entrega de las acciones de la petrolera y no abordaría aspectos más amplios del fallo ni la apelación presentada por el Gobierno argentino.

Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, explicó que el Departamento de Justicia de EE.UU. se enfoca solo en la cuestión de las acciones de YPF y no en los términos del fallo ni en el concepto de "alter ego", en relación a la responsabilidad del Estado argentino en el proceso. A pesar de esta postura, la jueza Loretta Preska, encargada de llevar adelante el caso, no está obligada a seguir la recomendación del gobierno estadounidense.

Los beneficiarios del fallo buscan que se entregue el 51% de YPF

El reclamo proviene de los beneficiarios del fallo que condenó a Argentina a pagar U$D 16.000 millones por la expropiación de YPF, realizada en 2012. Entre los demandantes se encuentran el síndico de la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management. Estos grupos buscan que el tribunal ordene la entrega del 51% de las acciones de YPF en manos del Estado argentino como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido.

Este pedido está actualmente bajo la consideración del tribunal y la decisión sobre si la Argentina deberá transferir las acciones de la petrolera se encuentra pendiente de la resolución de la jueza Preska. Los demandantes, por su parte, intensificaron sus estrategias de presión, buscando aumentar su influencia sobre el caso.

Los beneficiarios del fallo argumentan que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no cumplió con las normativas de YPF al nacionalizar la participación de Repsol en la empresa, sin ofrecer una compensación similar al resto de los accionistas minoritarios de la petrolera. En lugar de la operación solicitada, el Estado argentino pagó con bonos, lo que generó el conflicto legal.

Desde el fallo, la Argentina apeló la sentencia, pero los beneficiarios siguen sumando intereses sobre la deuda, alcanzando aproximadamente U$D 1.000 millones. Ante la falta de pago o acuerdo, los demandantes buscaron presionar con nuevas estrategias. Una de ellas es la solicitud de entrega de las acciones de YPF, lo que ahora está siendo evaluado por Estados Unidos.

La estrategia de "alter ego" y el riesgo de embargos internacionales

Además de la petición de entrega de las acciones, los demandantes comezaron a explorar otros métodos para aumentar la presión sobre la Argentina. Entre ellos, solicitaron embargar activos soberanos argentinos en Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido, como parte de una estrategia para forzar al Gobierno a cumplir con el fallo.

A su vez, activaron la figura del "alter ego", que busca demostrar que el Estado argentino es responsable directo de las decisiones de YPF, lo que les permitiría avanzar sobre los bienes del país. Como parte de esta estrategia, los demandantes también han solicitado información patrimonial sobre activos del Gobierno, como Aerolíneas Argentinas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación, ARSA y ARSAT, además de buscar acceso a las comunicaciones de funcionarios actuales y anteriores de la gestión argentina.

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