Juicio YPF: la Corte de Apelaciones de Nueva York autorizó el embargo de bonos del Tesoro en Argentina
Conirmaron la autorización para el embargo de bonos del Tesoro de Estados Unidos que pertenecen a Argentina, complicando aún más la resolución de la deuda en default de 2001.
El Gobierno argentino enfrenta un nuevo revés en su larga batalla para resolver la deuda en default de 2001. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ratificó el fallo de primera instancia que permite el embargo de activos soberanos por un monto de 420 millones de dólares. Estos activos corresponden a bonos del Tesoro estadounidense que Argentina había utilizado como colateral para los bonos Brady emitidos en la década de 1980.
La decisión desfavorable fue anunciada por la jueza Debra Ann Livingston, quien respaldó la orden de embargo dictada anteriormente por la jueza Loretta Preska. Este fallo surge después de que, en 2021, los acreedores que no habían cobrado comenzaron un proceso para buscar activos que pudieran ser embargados. En respuesta, Argentina había apelado la decisión de Preska, argumentando que los bonos del Tesoro no podían ser tocados.
El analista financiero Sebastián Maril explicó que los bonos embargados fueron utilizados como garantía para los bonos Brady, un programa de rescate financiero para países en default lanzado en la década de 1980. Según Maril, estos bonos vencieron el 31 de marzo de 2023 y fueron repatriados a Argentina para protegerlos de posibles embargos.
Impacto potencial
Maril indicó que el fallo podría no tener un impacto inmediato en los inversores locales, pero sí afectará el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ya que los bonos del Tesoro ahora serían parte de los activos del BCRA. En caso de que Argentina no cumpla con la orden, podría enfrentarse a una declaración de desacato, similar a lo que ocurrió en 2014 con la administración de Cristina Fernández de Kirchner y el juez Thomas Griesa.
El experto sugirió que el Gobierno argentino debería evitar postergar el pago de deudas para evitar consecuencias mayores. Con 420 millones de dólares en juego, Maril destacó la necesidad de que el presidente Javier Milei actúe con firmeza en la gestión de la deuda.
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