El juicio por la expropiación de YPF continúa sumando frentes legales, con la Argentina pidiendo recientemente a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que frene el proceso antes de que los demandantes inicien los embargos. Esta solicitud surge tras la condena a la Argentina por USD16.000 millones y la intención de los demandantes de obtener información sobre los activos del país para incluirlos en una lista de posibles embargos.

El proceso de "discovery", que es el periodo en el que se solicita información sobre los bienes que pueden ser embargados, comenzó a avanzar. Sin embargo, debido a las dificultades para encontrar bienes de Argentina en el exterior, los fondos beneficiados con el fallo cambiaron de estrategia, buscando demostrar que YPF y otras entidades son "alter egos" del Estado argentino. Esto permitiría incluir en los embargos las posesiones de estas entidades.

La jueza Preska había autorizado un discovery sobre YPF y los demandantes pidieron la transferencia de las acciones que el Estado argentino posee sobre la petrolera. Sin embargo, recientemente un fallo de la Corte de Apelaciones de los EE.UU. en un caso distinto, contra el Banco Central de Irán, podría influir en este juicio. La Corte de Apelaciones determinó que no se pueden ordenar embargos de activos fuera de EE.UU., lo que afecta directamente la solicitud de los demandantes sobre YPF. Como resultado, la jueza Preska suspendió temporalmente el proceso para evaluar cómo este fallo impacta en el caso por la expropiación de YPF.

Los abogados de la Argentina argumentaron que el proceso está siendo utilizado como una forma de "hostigamiento", más que como un intento real de recuperar los fondos de la sentencia. En su moción, los abogados citan las declaraciones de Christopher Bogart, CEO del fondo Burford, uno de los demandantes, quien reconoció que la verdadera intención de este proceso es "llevar a la Argentina a la mesa de negociaciones", más que la recuperación efectiva de activos.

Por otro lado, los representantes del fondo demandante respondieron a las acusaciones, aclarando que las palabras de Bogart fueron malinterpretadas. Aseguran que el objetivo no es obstruir los esfuerzos de la Argentina para reconstruir su economía, sino conseguir la transferencia de las acciones de YPF para acercarse al cumplimiento de la sentencia.

El proceso de embargos a un Estado soberano es un camino largo y complejo. Según explicó Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro, para que los embargos prosperen deben cumplirse tres condiciones clave: el bien debe ser propiedad del Estado, debe usarse para una actividad comercial en EE.UU. y debe estar relacionado con la actividad comercial del reclamo. Los demandantes intentan sortear estos obstáculos pidiendo que las acciones de YPF sean enviadas a EE.UU., lo que fue rechazado incluso por el Departamento de Justicia de EE.UU.