La Caja Popular contra un estudio de abogados

El interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, explicó que desde la entidad crediticia "querellaron penalmente por los delitos de defraudación agravada en concurso real con el delito de falsificación de instrumento público y privado y/o el tipo penal que resultare de la investigación, a los letrados Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena, todos pertenecientes al estudio Sandoval & Campero".

La causa se tramita por ante la Fiscalía de Decisión Temprana de la Justicia provincial, y tiene por objeto investigar maniobras ilícitas realizadas por los denunciados, cuya finalidad era la de percibir el pago de indemnizaciones dentro de la Ley de Riesgos de Trabajo no ajustadas a derecho. José Díaz.

Cómo se llevaba a cabo la maniobra

"Entre las graves irregularidades se cita la presentación de hisopados falsificados, en virtud de que los denunciados acompañaron detectables en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, mientras que la Caja Popular posee los no detectables de los sanatorios tratantes". 

"En este caso, la Institución solicitará se investigue la participación o no de personal del organismo nacional en estas maniobras, añadió Díaz.

Asimismo, el interventor de la CPA contó que "existen casos donde los empleadores, luego de haber hecho las denuncias, declaran que el trabajador no había estado trabajando el día del siniestro, o no se pudo acreditar ante la inexistencia de planillas de asistencia".

La Caja Popular pidió ser querellante en un caso penal contra la entidad

"En dos siniestros auditados por la Caja Popular, los empleadores confesaron que ellos no completaron la denuncia, por lo que no se pudo determinar quién la presento. Existen siniestros donde los empleadores se negaron a declarar sobre las inconsistencias observadas por la Caja Popular, por lo que la Institución solicitará se investigue su participación o no en las maniobras delictivas", sostuvo el titular del organismo crediticio.

En esa línea, expresó que "los letrados denunciados iniciaron procesos judiciales en contra de la Caja Popular por medio de la vía procesal del amparo, lo que les permitió elegir el juzgado de turno de amparo". "De esta manera consiguieron que 12 amparos recayeran en el Juzgado de Trabajo XI a cargo de la Dra. Sandra Alicia González, quién dicto medidas cautelares a su favor, desconociendo las disposiciones normativas que rigen a esos procesos y las irregularidades detectadas por la Institución", dijo Díaz.

Por último, el interventor de la entidad centenaria aseguró que "por tratarse de un grave perjuicio económico al Estado, se llegará hasta las últimas consecuencias, tanto para los letrados denunciados como para todos aquellos funcionarios que hayan colaborado en las maniobras ilícitas".