La Corte Suprema de Justicia reactivó el expediente por el que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner y lo giró al Procurador General, Eduardo Casal, para que emita su dictamen. El foco está puesto en si la pena de seis años de prisión se mantiene o si, como pide el fiscal Mario Villar, se agrava a doce años bajo la figura de asociación ilícita.

Este movimiento judicial podría ser determinante no solo para el futuro político de la expresidenta, sino también para el peronismo. En las últimas semanas, se barajó la posibilidad de que Cristina compita por una banca como legisladora bonaerense, lo que le otorgaría fueros y, por lo tanto, inmunidad de arresto.

Cristina, la Justicia y los tiempos políticos

La causa ya está en etapa de definiciones. El expediente llegó a la Corte a fines de marzo y, aunque Casal no tiene plazos legales para pronunciarse, suele actuar con celeridad en temas sensibles. Una vez que emita su dictamen, el máximo tribunal tendrá en sus manos la decisión final: confirmar la condena, revisarla o incluso rechazar los planteos sin mayores fundamentos, algo que la ley le permite hacer.

Mientras tanto, Cristina mantiene abierta la puerta para una eventual candidatura provincial por la tercera sección electoral. Si se suspenden las PASO, como todo indica, tendría más margen para definir su futuro político, ya que el plazo de oficialización se estiraría más allá del 24 de mayo.

Qué se juega Cristina Kirchner en esta etapa

Si la Corte ratifica la condena, la sentencia quedará firme: Cristina debería cumplir prisión (posiblemente domiciliaria, por su edad) y quedaría inhabilitada de forma permanente para ejercer cargos públicos. La expresidenta presentó un recurso de queja ante el tribunal como último intento de frenar esa posibilidad.

La causa Vialidad, iniciada en 2016, avanzó hasta el Tribunal Oral Federal N°2, que la condenó en 2022 por administración fraudulenta. Esa condena fue confirmada por la Sala IV de Casación, aunque con recursos extraordinarios rechazados, lo que llevó a los acusados directamente a la Corte.

Ahora, con 17 recursos aún en análisis, la Corte tiene la última palabra. Y esa decisión podría redibujar el mapa político argentino.