La Procuración General de la Nación se expidió respecto al planteo del partido CREO para postergar las elecciones previstas para el próximo 11 de junio en Tucumán: en su dictamen, sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría decidir la intervención procesal que considere pertinente, por lo que los supremos quedaron nuevamente habilitados para suspender las elecciones en nuestra provincia si así lo consideran, tras suspender los comicios que debían realizarse el pasado 14 de mayo. 

En ese marco, el gobernador Juan Manzur convocó a una conferencia de prensa esta tarde en Casa de Gobierno.

CREO pidió como medida cautelar, que se suspenda el llamado a elecciones efectuado por el decreto provincial 1620/23 hasta tanto se dicte sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

La Procuración respondió: "Las cuestiones aquí planteadas resultan sustancialmente análogas a las examinadas en el CSJ 957/2023. CREO PARTIDO POLÍTICO C/ TUCUMÁN, PROVINCIA DE s/ amparo. -5- dictamen de este Ministerio Público en la causa CSJ 204/2023 "Partido de la Justicia Social c/ Tucumán, Provincia de s/acción declarativa" del 22 de marzo de 2023, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitirse, en lo que fuere pertinente, por razón de brevedad".

El partido CREO promovió una acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986 contra la Provincia de Tucumán, con el objetivo de que la Corte Suprema "ordene al Poder Ejecutivo provincial establecer una nueva fecha para la convocatoria a elecciones para la renovación de los cargos de gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales, de conformidad con lo establecido por la Constitución de la Provincia o, supletoriamente, en los plazos dispuestos por el Código Nacional Electoral".

CREO planteó que "los mandatos provinciales (gobernador, vicegobernador, intendentes, legisladores, delegados comunales y concejales) expiran el 28 de octubre de 2023, por lo que, si hubieran respetado las cláusulas constitucionales, las elecciones deberían haber sido convocadas para el 28 de agosto de este año", y alertó que "la inexistencia de un calendario electoral adecuado, previsible y realista viola lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23) y aduce que la manipulación atacada resulta un manejo arbitrario dirigido a obtener una ventaja electoral por parte del frente gobernante".

También denunció que " la falta de previsibilidad y la fijación voluntarista de las fechas de elecciones afectan la seguridad jurídica y genera desigualdad entre quienes están en el poder y las demás fuerzas políticas".