A 43 años del fin de la Guerra de Malvinas, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por torturas y vejámenes contra soldados argentinos continúe abierta y sea elevada a la Corte Suprema de Justicia. La decisión, adoptada por unanimidad en la Sala I, impide la impunidad de los militares acusados y permitirá que el máximo tribunal defina si los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.

Un reclamo histórico que llega a la Corte

La resolución fue firmada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, quienes hicieron lugar a los recursos extraordinarios presentados por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires, el fiscal general Javier de Luca y el abogado Miguel Ángel Ávila, en representación de los excombatientes.

En su voto, el juez Slokar destacó el carácter de los delitos bajo el Derecho de Gentes, que regula los crímenes de guerra y lesa humanidad, argumentando que la causa no puede cerrarse sin una determinación definitiva.

Los recursos fueron presentados contra una decisión previa de la misma Sala de Casación, que en octubre de 2023 había anulado el procesamiento del militar Gustavo Rodolfo Malacalza, acusado de torturas y vejaciones contra conscriptos. En aquel fallo, los jueces Barroetaveña y Daniel Petrone, con la disidencia de Mahiques, sostuvieron que los hechos no constituían delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, estaban prescriptos.

Denuncias de torturas y la exigencia de justicia

Las investigaciones sobre estaqueamientos en la intemperie bajo temperaturas extremas, sumersión en agua helada, golpizas, electrocuciones y hambre extremo comenzaron en 2007. Desde entonces, más de 200 excombatientes declararon como víctimas o testigos, aportando pruebas contra un centenar de imputados.

El CECIM emitió un comunicado destacando la importancia del fallo de Casación: "Reconocemos el carácter unánime de la decisión, lo que robustece el mensaje: la justicia no puede clausurarse en causas donde está en juego la dignidad humana".

El rol de la CIDH y el contexto internacional

En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió un pedido del CECIM y la CPM para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar estos crímenes. Las denuncias señalan que las torturas aplicadas en Malvinas fueron métodos perfeccionados en los centros clandestinos de la dictadura militar, lo que refuerza la postura de que constituyen crímenes de lesa humanidad.

El caso había llegado a la CIDH en 2015, luego de que la Corte Suprema convalidara un fallo de Casación a favor del imputado Jorge Taranto, generando un revés en la lucha de los excombatientes. Sin embargo, las presentaciones judiciales continuaron y lograron que la causa siga abierta.