La angustia de María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, continúa creciendo. Este lunes, Gómez apeló a la Corte Penal Internacional (CPI) a través de un mensaje en redes sociales, solicitando su intervención urgente para la liberación de su esposo, quien lleva 51 días detenido e incomunicado.

En su posteo dirigido al procurador de la CPI, Karim Ahmad Khan, Gómez expresó: "Mi marido y padre de nuestro hijo de 2 años, tiene hoy 51 días detenido e incomunicado. No sabemos en circunstancias y en qué lugar está. Ayúdennos, estamos desesperados", denunciando la grave situación que vive su familia.

El secuestro y la denuncia del Gobierno argentino

El caso de Nahuel Agustín Gallo movilizó a la administración de Javier Milei, que desde el 2 de enero presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional por la detención arbitraria y la desaparición forzada del gendarme. Según el Gobierno argentino, la detención de Gallo es parte de un "patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad" llevado a cabo por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que justificaría la intervención de la CPI.

En la denuncia presentada, la Cancillería argentina acusó al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de justificar la detención de Gallo, asegurando que el gendarme había participado en una "conspiración" contra la paz de Venezuela. Saab incluso cuestionó la versión oficial de que Gallo había viajado a Venezuela por motivos personales para visitar a su pareja y su hijo.

El testimonio de la familia y el contexto de la detención

La familia de Gallo insiste en que el viaje de Nahuel hacia Venezuela fue completamente personal. Gallo, nacido en Catamarca, había solicitado permiso de sus superiores en Gendarmería Nacional para viajar a Venezuela durante sus vacaciones. Según su hermano, Kevin Gallo, el gendarme había trabajado en varias provincias argentinas antes de tomar la decisión de visitar a su familia en Venezuela, país donde su pareja y su hijo se encontraban por cuestiones de salud.

El 8 de diciembre, Gallo emprendió su viaje desde Argentina hacia Venezuela, pasando por Chile, Colombia y finalmente llegando a la frontera con Venezuela. Fue allí, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que las autoridades venezolanas le retuvieron los documentos personales, su teléfono celular y lo detuvieron sin justificación alguna.

La respuesta internacional y las acciones del Gobierno argentino

El secuestro de Nahuel Gallo es una de las principales prioridades en la agenda diplomática del gobierno argentino. Desde su detención, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad de la Nación han emitido varios comunicados exigiendo la liberación inmediata de Gallo y condenando su detención arbitraria.

El 13 de diciembre, el gobierno argentino expresó en un comunicado conjunto su "más enérgico rechazo" ante la detención injustificada de Gallo, insistiendo en que la naturaleza del viaje era estrictamente personal y que su detención violó sus derechos fundamentales. Además, la administración nacional destacó que la detención estaba claramente motivada por razones políticas y no por motivos legítimos.

El llamado desesperado de la familia Gallo

Mientras tanto, la familia Gallo sigue esperando una pronta solución a este conflicto. María Alexandra Gómez, con su mensaje en redes sociales, reiteró el pedido de justicia, señalando que su hijo y ella necesitan a Nahuel de vuelta en casa. La mujer advirtió sobre la incertidumbre que viven al no saber en qué condiciones está su esposo, ni por qué está siendo detenido en un país extranjero.

El futuro del caso y la intervención de la Corte Penal Internacional

A medida que los días pasan, la presión sobre la Corte Penal Internacional crece, especialmente luego de que el Gobierno de Argentina denunciara este caso ante el tribunal supranacional. El secuestro de Gallo es visto como un claro abuso de poder por parte del régimen de Maduro, y las autoridades argentinas están utilizando todos los recursos diplomáticos y legales posibles para garantizar la liberación del gendarme.

La CPI tendrá que decidir si interviene en este caso, que ya fue catalogado como una violación grave y flagrante de los derechos humanos. Si la Corte decide tomar el caso, se podría sentar un importante precedente sobre la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros en situaciones de abuso de poder internacional.