La justicia avaló el allanamiento a la sede del Polo Obrero por caso de fraude
La Cámara de Apelaciones confirmó la legalidad del allanamiento realizado en la sede del Polo Obrero.
En el caso que investiga al Polo Obrero por presunta extorsión y uso de facturas falsas, la Cámara Federal confirmó la legalidad del allanamiento realizado en su sede ubicada en la calle Monteagudo al 700. La medida, ejecutada el 13 de mayo por orden del juez Sebastián Casanello y a solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, fue objeto de controversia por parte de los dirigentes de la organización piquetera.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y principal imputado en el expediente, había cuestionado la legalidad del procedimiento, argumentando que se había realizado de manera nocturna y sin previo aviso, comparándolo con métodos de la dictadura militar. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal desestimó estas pretensiones, respaldando la actuación de las fuerzas de seguridad.
"Nos allanan igual que lo hacían en la dictadura militar, de noche, a oscuras, rompiendo puertas y sin respetar las garantías constitucionales", sostuvo Belliboni.
Durante el allanamiento, que comenzó a las 6:30 de la mañana y contó con la presencia de testigos y el encargado del lugar, se secuestraron importantes elementos probatorios. Entre ellos se encontraron 16.425 dólares y 6.882.589 pesos en efectivo, además de dispositivos electrónicos como notebooks, CPUs, un DVR y pendrives. El valor total de lo incautado supera los 22 millones de pesos, parte de los cuales se investiga si provienen de actividades ilícitas relacionadas con los subsidios recibidos del Estado.
"El allanamiento se llevó a cabo conforme a la normativa legal vigente y bajo condiciones que no afectaron las garantías constitucionales", sostuvo la resolución de la Cámara, respaldando así la decisión del juez Casanello y el fiscal Pollicita.
La investigación, que también involucra a otras personas vinculadas al Polo Obrero, continúa avanzando bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y la Oficina Anticorrupción. Se sospecha que fondos destinados a programas sociales fueron desviados para financiar actividades partidarias y otras prácticas fraudulentas.
En los próximos días, el juez Casanello deberá decidir sobre la situación procesal de los implicados, incluido Eduardo Belliboni, quien niega las acusaciones en su contra durante su reciente indagatoria.
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