Esta decisión obliga al gobierno a continuar la entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país, reafirmando que las personas son los titulares del derecho a la asistencia, no los intermediarios. La sentencia, dictada el jueves, subraya la importancia de garantizar el derecho a la alimentación, y aunque se pide una depuración del padrón del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM), no impone cambios en los programas ya presupuestados. 

Desde el ministerio, se considera este fallo como una validación del compromiso de gestionar recursos públicos de manera responsable, asegurando que la ayuda llegue directamente a quienes más lo necesitan. El análisis realizado por Capital Humano destaca que el magistrado no solo rechazó las acusaciones de incumplimiento por parte del ministerio, sino que también reafirmó que las políticas están alineadas con el marco normativo vigente.

 La sentencia enfatiza el principio de progresividad en estas políticas, reconociendo los esfuerzos del ministerio por adaptarlas a las necesidades sociales. Esto refuerza la responsabilidad de las jurisdicciones locales en la asistencia alimentaria, estableciendo una red coordinada que prioriza el bienestar de las comunidades más vulnerables.