La Justicia de EE.UU. convoca a audiencias clave sobre la expropiación de YPF

Este martes, la jueza Loretta Preska de la Corte Federal de Nueva York convocó a dos audiencias cruciales para avanzar en la causa por la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino. Las audiencias están programadas para el 27 de agosto y el 3 de septiembre, y buscan resolver los conflictos derivados de la falta de documentación proporcionada por Argentina y sus entidades.

Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, las audiencias fueron convocadas debido a las disputas entre las partes involucradas. "La Argentina, el Banco Nación e YPF no entregaron toda la documentación requerida por los beneficiarios del fallo. Al no llegar a un acuerdo, la jueza decidió convocar audiencias separadas para abordar los temas pendientes", detalló Maril.

El contexto de estas audiencias es complejo, dado que recientemente la jueza Preska falló contra Argentina, ordenando el pago de 142 millones de dólares a dos fondos buitres que aún no recibieron el pago de bonos correspondientes al default de deuda en 2001. Además, se espera que en las próximas semanas Preska emita resoluciones adicionales sobre los pedidos de embargo relacionados con la expropiación de YPF.

Entre los temas que se resolverán, Maril destacó varios casos clave:

• La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe decidir sobre el embargo de activos del Estado en favor del fondo Attestor Master, autorizado en primera instancia en 2022, con una condena de 415 millones de dólares para Argentina.
  
  
• La Corte del Distrito Sur de Nueva York debe determinar la solicitud de transferencia de las acciones de YPF en manos del Estado, en virtud de la condena de 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera. Esta solicitud involucra tanto al fondo Bainbridge como a otros acreedores.

Por otro lado, Argentina enfrenta desafíos adicionales relacionados con el bono Cupón PBI, que fue objeto de reclamos por manipulación de estadísticas de crecimiento durante la presidencia de Cristina Kirchner. En Europa, Argentina perdió un caso en el Tribunal Superior de Londres, con un reclamo inicial de 636 millones de dólares que se amplió a más de 1.300 millones de euros (unos 1.500 millones de dólares). En respuesta, el Gobierno argentino apeló la decisión y creó un fideicomiso con 337 millones de dólares como garantía.

En Estados Unidos, un fallo reciente desestimó el caso por el Cupón PBI, favoreciendo al país por un tecnicismo. No obstante, el fondo Aurelius presentó una apelación contra esta decisión.