Este miércoles, el juez federal Martín Cormick decidió tomar medidas para supervisar de cerca el accionar de las fuerzas de seguridad durante la marcha convocada para el 19 de marzo. La decisión se enmarca dentro de la causa por la que se cuestiona la constitucionalidad del "Protocolo Antipiquetes" aprobado por la exministra Patricia Bullrich.

El rechazo a la cautelar y la preocupación por los hechos ocurridos

A pesar de que se rechazó una medida cautelar que solicitaba la suspensión del protocolo antipiquetes, Cormick no pasó por alto los recientes incidentes protagonizados por las fuerzas de seguridad. El juez expresó que los hechos ocurridos el 12 de marzo de 2025 no se alinean con los principios republicanos establecidos por la Constitución Nacional. En ese sentido, su decisión de supervisar la marcha tiene como objetivo garantizar que los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión y el derecho a la protesta, no sean vulnerados.

El contexto del protocolo antipiquetes y su rechazo

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había solicitado, a través de una acción de amparo colectiva, que se suspendiera el protocolo diseñado por el Ministerio de Seguridad, al considerarlo una amenaza para el ejercicio de los derechos constitucionales. Según la demanda, el protocolo no solo afectaba a los manifestantes, sino también a los periodistas que cubren las protestas y a los transeúntes que se veían obligados a pasar por zonas donde se realizaban.

Aunque el juez Cormick rechazó la solicitud de suspender la resolución, dejó en claro que se mantendría atento a cualquier situación que pudiera surgir durante la manifestación de este miércoles.

El monitoreo de la marcha: una medida preventiva

Con la vista puesta en la marcha programada para este miércoles, el magistrado adelantó que se mantendría en vigilancia directa, observando de cerca todo lo que ocurra. Su intención es recolectar cualquier prueba relacionada con posibles abusos o comportamientos que contravengan los principios constitucionales, de manera que pueda influir en la resolución de la causa que cuestiona la validez del protocolo de seguridad.

La intervención del juez Cormick pone en evidencia la tensión entre la necesidad de garantizar el orden público y la protección de los derechos individuales durante las protestas en Argentina.