La Justicia imputó a Eduardo Belliboni por financiar al Partido Obrero con plata del Estado

La Justicia argentina ha imputado a Eduardo Belliboni, líder de la Asociación Civil Polo Obrero, por supuestamente financiar al Partido Obrero con dinero del Estado. 

La acusación fue formulada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes sostienen que Belliboni utilizó fondos públicos destinados al programa Potenciar Trabajo para financiar las campañas electorales del Partido Obrero, parte del Frente de Izquierda.

El martes pasado, Belliboni declaró durante más de tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la investigación por defraudación millonaria al Estado y amenazas a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Según la acusación, el Polo Obrero desvió al menos $40 millones de los $360 millones recibidos hacia varias empresas que emitieron facturas falsas para justificar gastos inexistentes y ocultar el destino final de los fondos.

Las empresas involucradas en el presunto esquema incluyen:

• Imprenta Rumbos: Recibió al menos $20 millones y realizó aportes electorales al Partido Obrero por $18 millones. Fundada por Christian "Colo" Rath y Roberto Adrián Albornoz, también contrató a la empresa de publicidad Makosen para campañas políticas del Partido Obrero.
• Coxtex: Recibió $3 millones en 2021, aunque fue declarada apócrifa por la AFIP en 2020. Fundada por Mariana Vega y Luis Pichuaga, la empresa fue creada por $40,000 y vendió computadoras y software al Polo Obrero.
• Urban Graphics S.A. y Rico Print: Emitieron facturas por $10 millones al Polo Obrero, y luego endosaron cheques a Rumbos por $1.8 millones y $269 mil, respectivamente.
• Carlos Osvaldo Monfrini: Recibió $1.4 millones por la venta de handies y endosó un cheque a Rumbos.
• Miniso Trade SRL: Recibió $3 millones y es sospechosa de ser una empresa trucha. Fundada en 2017, su primera factura se emitió en 2022 al Polo Obrero.
  
  

Belliboni rechazó enérgicamente las acusaciones, afirmando que la AFIP había declarado a Coxtex como una empresa legal en 2002 y que no conocía a sus titulares. Sostuvo que los pagos a beneficiarios del Potenciar Trabajo eran voluntarios y prometió presentar un escrito con argumentos sobre la legalidad de las facturas presentadas.

Además, se investiga si el Polo Obrero utilizó parte de los fondos recaudados mediante extorsiones y amenazas a beneficiarios del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero. Las cápitas, que variaban entre $2000 y $5000 mensuales, se destinaron supuestamente a una cooperativa llamada El Resplandor Limitado.