La Justicia posterga la indagatoria de Alberto Fernández en la causa por violencia de género
Horas antes de la audiencia en Comodoro Py, el ex presidente presentó una recusación contra el juez federal Julián Ercolini.
La audiencia de indagatoria de Alberto Fernández, en el marco de la denuncia por violencia de género realizada por su expareja Fabiola Yañez, fue suspendida y reprogramada para el 19 de diciembre. El exmandatario recusó al juez Julián Ercolini, alegando falta de imparcialidad, lo que derivó en la decisión del magistrado de postergar la cita judicial.
La defensa cuestiona al juez y pide apartamiento
Horas antes de la audiencia en Comodoro Py, Alberto Fernández presentó una recusación contra el juez federal Julián Ercolini. En el escrito, la defensa expresó que Ercolini habría prejuzgado al ex presidente, lo que afectaría su imparcialidad al analizar el fondo del caso y resolver la situación procesal. Según el planteo, "esta defensa abriga el temor de que V.S. se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado". Este recurso ya había sido intentado sin éxito en otros casos relacionados, incluyendo una causa de seguros en la que también está implicado Fernández.
Graves acusaciones en el marco de la denuncia
La causa, impulsada por el fiscal Ramiro González, incluye serias imputaciones hacia el ex presidente. Según el expediente, Fernández habría ejercido violencia psicológica de manera recurrente desde 2016 hasta 2024, y violencia física durante su convivencia con Yañez en la Quinta de Olivos. Los detalles incluyen situaciones de hostigamiento, insultos y, en instancias posteriores, agresiones físicas como zamarreos y golpes que habrían dejado marcas en el cuerpo de la denunciante. La denuncia se apoyó en pruebas halladas en el teléfono de María Cantero, secretaria de Fernández, donde se registraron mensajes y fotos de las supuestas lesiones.
Polémica por procedimientos y filtraciones
La defensa del ex presidente también cuestionó el allanamiento en su domicilio, donde se secuestró su teléfono personal, señalando que la medida careció de fundamentos claros y vulneró su privacidad. Además, se denunció la filtración de información sensible del expediente a los medios, lo que, según los abogados, agrava la situación procesal y afecta los derechos del imputado.