La propuesta, que consistía en un incremento del 30% de la liquidación de los últimos haberes, fue desestimada por los manifestantes, quienes insisten en un aumento del 100%. La movilización sumó apoyo de sectores de la educación, salud y otros gremios estatales.

"No hay nada de qué conversar", afirmó Germán Palavecino, suboficial y vocero de la Policía de Misiones, en declaraciones a LN+. Esta es la segunda oferta salarial rechazada, tras una inicial del 20%, ambas muy lejos del 100% solicitado por los representantes de la protesta.

El gobernador, Hugo Passalacqua, anunció a través de Twitter que los sueldos, con los aumentos correspondientes, se depositarán el próximo jueves 30 de mayo. Sin embargo, este anuncio no disuadió a los manifestantes, que continúan acampando frente al Comando Radioeléctrico I en la avenida Uruguay y Félix Bogado.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, denunció penalmente a un grupo de 40 policías activos por "robo y hurto" de bienes del Estado, debido a la utilización de patrulleros, motos y camionetas en la protesta. "No pueden utilizar bienes del Estado para protestar, está fuera de la ley. Hay 28 móviles policiales que fueron robados que están siendo utilizados para cualquier cosa menos para cumplir funciones de seguridad", indicó Pérez.

A pesar del temor inicial de los policías activos a ser exonerados, el Gobierno provincial decidió retirar las fuerzas federales para evitar un enfrentamiento, lo que dio a los manifestantes una sensación de mayor legitimidad y seguridad. Ahora, muchos policías activos se presentan en el lugar de la protesta con sus uniformes y se identifican públicamente, expresando solidaridad ante los medios.

El ministro Pérez calificó la sublevación como "inadmisible" y advirtió que los efectivos que continúen con la medida serán echados de la fuerza. "No toda la policía, no toda la educación y no toda la salud está plegada al paro", añadió Pérez, resaltando la denuncia penal y las responsabilidades que de ella se deriven.

Por la tarde, un grupo de policías, encabezado por el vocero Ramón Amarilla, tenía planificado reunirse con autoridades gubernamentales para intentar encauzar el conflicto. Amarilla declaró que no son "delincuentes" y que la justicia local ordenó recuperar los móviles utilizados en la protesta.

"Nosotros solo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo trasladamos a un señor al hospital con uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves", concluyó Amarilla.