Los cambios que se vienen con las nuevas restricciones a la cobertura de salud

 El Dr. Manuel Luaces, Magister en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, advierte que esta medida es una "muy mala noticia" para los 11 millones de afiliados a obras sociales y prepagas en Argentina. Según el Dr. Luaces, la resolución emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es abiertamente inconstitucional y crea nuevos obstáculos para el acceso a la salud. 

En declaraciones a varios medios, explicó que la situación podría llevar a un aumento en la judicialización de los afiliados. "Los usuarios tendrán que recurrir a amparos y medidas cautelares para acceder a tratamientos o reintegros que deberían estar cubiertos", señaló.

Restricciones y Nuevos Desafíos

La medida, que busca reducir gastos en el sistema de salud, limita la cobertura de medicamentos de alto costo en los planes cerrados. Además, únicamente los médicos que figuran en las cartillas de las prepagas podrán prescribir estos tratamientos. Aquellos pacientes que deseen recurrir a profesionales externos tendrán que afrontar el costo total de los medicamentos o elegir planes más caros.

Luaces enfatizó que detrás de estas empresas existe un gran negocio financiero que se beneficia de la reducción de coberturas y del aumento de la judicialización, lo que retrasa el acceso a prestaciones necesarias.

Consecuencias para los Pacientes Vulnerables

El impacto de estas decisiones es evidente: desde enero, más de 600,000 personas han abandonado el sistema de prepagas debido a la imposibilidad de pagar las cuotas. Esta situación ha dejado a un público cautivo, conformado por adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personas con discapacidad, que se verán severamente afectados por las nuevas restricciones. "Los más vulnerables son quienes sufrirán las consecuencias de esta purga", concluyó el Dr. Luaces.

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