Marijuán denunció a Anses por un contrato de $800 millones con una organización internacional

El fiscal federal Guillermo Marijuán lanzó una denuncia contra la actual administración de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por la firma de un convenio de asesoramiento con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que asciende a $800 millones. La denuncia alega que el acuerdo podría estar vinculado a un delito de defraudación contra la administración pública.

El contrato investigado estipula que la OISS debe promover mecanismos para optimizar el sistema integrado de información y conocimientos de la ANSES, así como apoyar el diseño y la implementación de políticas de seguridad social. Sin embargo, lo que generó preocupación es el aumento exponencial en el costo del convenio, que ha pasado de montos significativamente menores en acuerdos previos a $800 millones en la gestión actual, un incremento de 26 veces respecto a los costos anteriores.

Marijuán destacó que el monto actual es particularmente alarmante dado el contexto de escasez de recursos públicos. El fiscal señaló que los $800 millones equivalen a casi 4,000 jubilaciones mínimas, un uso de recursos que considera desproporcionado y cuestionable en tiempos de restricción presupuestaria.

La OISS, con sede en Madrid y oficinas en varios países de América Latina, ha mantenido acuerdos previos con el Estado argentino, incluyendo al PAMI y al Ministerio de Salud. Sin embargo, el contrato más reciente con ANSES ha generado dudas por su alto costo y el impacto en la administración de recursos públicos.

El fiscal solicitó la revisión de todos los convenios celebrados entre ANSES y la OISS en los últimos cinco años para comparar los valores y evaluar posibles irregularidades. Entre los acuerdos mencionados, se destacan contratos firmados en 2020, 2021 y 2023, cada uno con incrementos significativos en los montos transferidos.

La denuncia también subraya la peculiaridad de delegar en un organismo externo la realización de tareas que podrían ser ejecutadas por el propio personal de ANSES, cuestionando así la necesidad de una contratación externa y el uso de recursos adicionales para gastos operativos.