El Gobierno de Javier Milei dio un paso firme en su política de reorganización estatal con el anuncio de la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La nueva entidad que tomará su lugar, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a simplificar la estructura del organismo, reducir costos y mejorar la eficiencia en la recaudación y el control aduanero.

Entre las medidas principales, se destacan la reducción del 45% de las autoridades superiores y un 31% en niveles inferiores, con el objetivo de eliminar cargos innecesarios. El vocero Manuel Adorni celebró la medida, afirmando que el Gobierno "anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir".

Reducción de personal y nuevos directores

Una de las reformas más impactantes será la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 empleados que, según el Gobierno, ingresaron de manera irregular durante el kirchnerismo. Este recorte generará un ahorro presupuestario anual de $6.400 millones. Además, los sueldos de las máximas autoridades de la nueva agencia se reducirán notablemente. La administradora general Florencia Misrahi seguirá en su cargo, pero los nuevos directores generales, Andrés Vázquez (DGI) y Andrés Velis (Aduana), asumirán responsabilidades clave en la ARCA.

Ajuste salarial y eficiencia en la gestión

El ajuste salarial para los directivos es otro aspecto significativo de esta reforma. Los altos funcionarios dejarán de percibir la "cuenta de jerarquización", lo que resultará en una importante baja de sus sueldos. Misrahi, quien hoy cobra aproximadamente $32 millones, pasará a ganar lo mismo que un ministro, unos $4 millones.

Con estos cambios, el Gobierno busca aumentar la transparencia y garantizar una recaudación más eficiente, mientras refuerza el control aduanero con medidas tecnológicas, como el uso de drones y escáneres en terminales portuarias.

El fin de la "voracidad fiscal"

El vocero Adorni destacó que este cambio es un paso hacia "el fin de la Argentina de la voracidad fiscal", alineado con los principios liberales que guían la gestión de Javier Milei. Según sus declaraciones, el liberalismo defiende "el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo" y sostiene que ningún organismo estatal debe interferir en las decisiones de los ciudadanos sobre su propiedad.