Pasaron 30 días desde el eufórico 10 de diciembre en que el presidente Javier Milei renovaba las esperanzas de la mayoría de los votantes argentinos. Al asumir, declaró que a partir de ese momento daba por terminada "una larga y triste historia de decadencia y declive" en el país. Pero para lograrlo, el camino no era de rosas. No había alternativa posible, debía aplicar medidas de ajuste y shock que impactarían de modo negativo sobre el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios reales y la cantidad de pobres e indigentes.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) hoy el 44,7% de los argentinos son pobres, mientras que el 9,6% de la población del país es indigente.

El 20 de diciembre pasado, solo diez días después de llegar a la Casa Rosada, Milei hizo público, por medio de un mensaje transmitido por cadena nacional, en el que estuvo acompañado por su gabinete, los alcances del DNU 70/2023 por medio del cual, sin discusión parlamentaria, derogó una serie de leyes, puso fin a distintas regulaciones en materia económica y financiera, habilitó la privatización de empresas públicas y dispuso, entre más de 360 medidas, una reforma laboral y en el sistema de salud.

No conforme con el DNU, una semanas después, el jefe de Estado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, una iniciativa que le plantea al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogar por otros dos años esas atribuciones.

Junto a las reformas incluidas en el DNU y la Ley ómnibus, Milei dispuso la no renovación de unos 7.000 contratos de trabajadores estatales firmados durante 2023 y también acompañó la puesta en vigencia del protocolo para el mantenimiento del orden público promovido por la ministra Patricia Bullrich, cuyo objetivo es que las fuerzas de seguridad impidan que manifestantes ocupen la vía pública durante movilizaciones de protestas, una medida que en lo que va del mes se aplicó en dos ocasiones pese a las críticas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil locales.

Tanto el DNU como la llamada Ley ómnibus contemplan entre ambos casi un millar de artículos, que se encuentran bajo estudio del Congreso Nacional.

En materia de política exterior, el Gobierno nacional desestimó la invitación hecha para que el país se incorporara al bloque de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics), en tanto que dispuso alinear los intereses internacionales argentinos a los de Estados Unidos, Israel, Ucrania y Taiwán, entre otras naciones.

¿Todas estos movimientos constituyen aciertos o fallas? Aún no podemos responderlo, pero lo cierto es que crece el mal humor social a medida que aumentan los precios de los alimentos, los combustibles, el transporte, los medicamentos, la telefonía y las prepagas.