El presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza la compra de un sistema antidrones, argumentando que la medida responde a necesidades de seguridad nacional. El decreto, que fue publicado en secreto, tiene lugar tras un incidente ocurrido a finales de diciembre en el Congreso, cuando dos ciudadanos rusos solicitaron la devolución de un dron perdido en el edificio legislativo.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, explicó que la decisión busca mejorar la capacidad de respuesta ante el creciente uso ilícito de drones, herramientas cada vez más accesibles y utilizadas con fines delictivos, como la entrega de contrabando en cárceles o ataques con explosivos. El sistema antidrones será clave para neutralizar estos riesgos.

La justificación detrás de la medida

El decreto N° 21/2025 sostiene que la compra de un sistema antidrones es esencial para enfrentar amenazas vinculadas al uso indebido de estos dispositivos, que en los últimos años se han convertido en una herramienta peligrosa para distintos tipos de delitos. Entre las preocupaciones que se mencionan en el texto están los intentos de fuga mediante drones con explosivos, y el uso de los mismos para realizar entregas ilegales en unidades penitenciarias.

La decisión de declarar la operación secreta también busca evitar que la tecnología adquirida pueda ser hackeada o eludida, lo que afectaría su efectividad. Además, se resalta la necesidad de incorporar este sistema en las fuerzas de seguridad, como la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, para mejorar su respuesta frente a estas nuevas modalidades delictivas.

El episodio en el Congreso que desató la medida

El decreto de Milei está vinculado a un confuso suceso ocurrido el 28 de diciembre en el Congreso, cuando dos hombres de origen ruso se presentaron en el edificio solicitando la devolución de un dron perdido. Según los involucrados, el dispositivo se había extraviado durante un sobrevuelo en la zona, sin contar con los permisos correspondientes. Esta solicitud generó sospechas y llevó a una revisión exhaustiva del lugar, donde finalmente se encontró el dron.

La situación atrajo la atención de la Justicia Federal, que, bajo la dirección del Juzgado Federal Nº 2, comenzó una investigación sobre el incidente. Los implicados fueron identificados como Pavel Bandurin, Igor Lomakin y Vitaly Kharlabo, todos de origen ruso y con diversas nacionalidades adicionales. A pesar de las sospechas generadas por el suceso, la investigación permanece bajo secreto judicial, sin novedades relevantes hasta la fecha.