En Argentina, las mujeres siguen desapareciendo sin dejar rastro, y detrás de cada ausencia abundan las preguntas y escasean las respuestas. Una joven camina desde la universidad hacia su casa y nunca llega. Una madre se despide de su hijo antes de ir al trabajo, pero jamás vuelve. Una adolescente desaparece en pleno día sin que nadie vea nada. En cada caso, una familia queda atrapada en la angustia, mientras las investigaciones avanzan con lentitud y las respuestas no llegan.

Detrás de cada desaparición hay una historia rota, un Estado que, en muchos casos, llega tarde o simplemente no llega. Las mujeres desaparecen como si fueran invisibles y las autoridades actúan como si sus vidas fueran prescindibles.

Casos que aún esperan justicia

Daiana Garnica tenía 17 años cuando un vecino la invitó a acompañarlo a hacer unas compras en 2017. Nunca volvió. En 2008, Sofía Herrera, de tan solo 3 años, desapareció en un camping familiar. Milagros Avellaneda y su hijo Benicio, de 26 y 2 años respectivamente, fueron vistos por última vez en 2016. En 2005, Florencia Pennacchi salió de su departamento y no regresó. A día de hoy, sus familias siguen esperando noticias, aferradas a la esperanza de encontrarlas con vida.

Cuando se cumplieron diez años de la desaparición de Florencia Pennacchi, su madre, Nidia Aguilera, expresó con desolación: "No sabemos qué universo están transitando. No sabemos si están vivas o están muertas. No sabemos qué son".

La falta de un sistema de búsqueda eficaz

Las fallas en las investigaciones responden a múltiples factores, pero el mayor obstáculo es la falta de coordinación entre las autoridades. Funcionarios y especialistas admiten que las búsquedas suelen ser deficientes y avanzan con extrema lentitud. Algunas comisarías aún se resisten a tomar denuncias de inmediato, lo que retrasa los primeros momentos clave para hallar a una persona desaparecida.

Incluso el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), organismo encargado de llevar un registro nacional de desapariciones, desconoce cuántas mujeres faltan en sus hogares. No existen cifras oficiales certeras.

Las familias, a cargo de la búsqueda

Sin una acción efectiva del Estado, las familias terminan asumiendo la investigación. Venden bienes, recorren prostíbulos, cuelgan carteles y movilizan a la sociedad. Algunos han dejado la vida en esta búsqueda incansable, como la abuela de Brisa Pereyra, que murió en un accidente rumbo a Puerto Madryn, donde iba a difundir la búsqueda de su nieta. O Federico, el padre de María Cash, quien falleció en un choque mientras recorría rutas en su afán de encontrarla.

Un cambio urgente en el sistema

Actualmente, en la Cámara de Diputados de la Nación, se encuentra en análisis un proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentado por el diputado Carlos Cisneros. La propuesta plantea la creación de una Base Nacional de Datos Genéticos y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Además, busca garantizar que toda búsqueda se inicie de manera inmediata, con perspectiva de género y derechos humanos, evitando prejuicios que obstaculicen las investigaciones.

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental. La desaparición de una persona es más que una estadística: es una historia truncada, un sufrimiento perpetuo para sus seres queridos y una deuda pendiente del Estado.

Mientras las preguntas sigan sin respuesta, la impunidad será un enemigo más en la larga lucha de las familias. Es hora de que el sistema de búsqueda e investigación se transforme, para que ninguna mujer desaparezca en la indiferencia y cada historia tenga la justicia que merece.

Por Florencia Abregú. Abogada (Universidad Nacional de Tucumán). Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Especialización en Igualdad y Violencia de Género (Universidad de Salamanca).