Según informó La Gaceta, el comisionado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, enfrenta una situación judicial cada vez más compleja. Un fallo reciente que ordenó la restitución de las tierras de la Reserva La Angostura también instó a profundizar la investigación sobre su posible implicación en una causa de usurpación y estafas reiteradas. Este nuevo giro podría sellar su destino político.

Restitución de tierras y sospechas de fraude

El juez Mario Velázquez resolvió que las tierras conocidas como "Loteo Gaucho Castro" debían ser devueltas a la Provincia, que había asumido la querella con el objetivo de proteger una zona ambientalmente protegida. La Fiscalía de Estado y el fiscal Miguel Varela respaldaron la medida y, además, pusieron el foco en una organización que habría operado desde la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat para lucrar con terrenos fiscales.

"Existen pruebas que indican que estamos ante una estructura organizada con roles definidos, destinada a la venta fraudulenta de tierras", sostuvo Varela. Entre los implicados, además de Cruz, figuran Juan Pablo Castro, Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro, Rafael Trujillo, Yanina Mamaní y Damián Romano.

La conexión con la Comuna de El Mollar

El juez destacó que, según la ley 7.350, los comisionados comunales tienen la obligación de supervisar proyectos de urbanización. "Las pruebas indican que Cruz no sería ajeno a estas maniobras y que podría haber recibido terrenos a cambio de facilitar gestiones", señaló el magistrado.

A pesar de que Cruz aseguró que no existía ningún expediente sobre el loteo en la Comuna, las evidencias lo contradicen. Documentos revelan que firmó una declaración jurada para la provisión de agua potable, y compradores presentaron recibos de pagos realizados en la sede comunal. Además, testigos afirman que el comisionado intercedió para la instalación de servicios básicos en los terrenos.

Los dichos del funcionario se contradicen con los testimonios y pruebas documentales que figuran en el expediente. Algunos de ellos son:

- En agosto de 2023 firmó una declaración jurada para que se les conceda el servicio de agua potable a las personas que habían adquirido los terrenos.

- Los compradores presentaron los recibos de los pagos que realizaron por el empadronamiento de las parcelas que adquirieron.

- Los damnificados también le entregaron al fiscal Varela las facturas de pago del servicio de agua que realizaron en la mismísima sede comunal. Al menos uno de ellos hizo el pago anual en octubre 2024, pero informó que después de que se hiciera público el caso, los empleados de la comuna lo llamaron para pedirle que pasaran a retirar el dinero.

- Podría haber realizado gestiones ante EDET para que la empresa instalara el servicio de energía eléctrica a las viviendas cercanas a la ruta.

- Fue filmado por los compradores en una reunión en la que les pide tranquilidad asegurándoles que todo estaba en regla.

- Los damnificados señalaron que Trujillo y Barreiro los enviaban a la comuna para que constataran la legalidad del loteo. Los empleados confirmaban esa versión.

- Testigos dijeron que Cruz habría recibido dos lotes de parte del emprendimiento porque podría haber realizado las tareas de apertura de calles en el terreno usurpado. Esas tierras, según consta en el expediente, habrían sido vendidas después a dos personas que fueron identificadas.

Hacia una audiencia clave

El juez Velázquez instó a que se realice cuanto antes la audiencia de formulación de cargos contra los seis imputados. "Es fundamental que los sospechosos conozcan el detalle de la imputación y ejerzan su defensa", indicó el magistrado.

El gobernador Osvaldo Jaldo también se refirió al caso y aseguró que "quienes participaron en estas maniobras deben enfrentar todo el peso de la ley". Mientras tanto, Cruz guarda silencio, pero las pruebas en su contra continúan acumulándose.