PASO suspendidas: los cambios que oficializó el Gobierno
El Ejecutivo promulgó las leyes que suspenden las elecciones primarias de 2025, endurecen las penas para reincidentes y habilitan el juicio en ausencia para delitos graves.
A través del Decreto 171/2025, el Gobierno oficializó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año. La medida, aprobada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, establece que no se realizarán las elecciones internas previstas en la Ley 26.571.
El decreto aclara que el proceso electoral de 2025 se regirá por los plazos estipulados en el Código Electoral Nacional (Ley 23.298), contados a partir de los diez días previos a la elección general.
Más cárcel para reincidentes y detenidos durante el juicio
Mediante el Decreto 172/2025, el Ejecutivo promulgó los cambios al Código Penal que incorporan las figuras de reiterancia y reincidencia, endureciendo las condiciones para quienes cometan delitos con antecedentes previos.
- Reiterancia: Se refiere a la imputación simultánea en varias causas penales.
- Reincidencia: Aplica a quienes, tras cumplir total o parcialmente una condena de prisión, vuelven a delinquir. En estos casos, el artículo 50 del Código Penal agrava la pena en un tercio.
Desde la Oficina del Presidente, celebraron la medida:
"Se terminan los tiempos de la puerta giratoria. Ahora, los delincuentes con procesos penales previos esperarán el juicio tras las rejas".
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que la iniciativa busca asegurar que los reincidentes permanezcan detenidos durante el juicio y que sus antecedentes agraven la condena.
Juicio en ausencia: una herramienta para casos de terrorismo
El Decreto 173/2025 promulgó la reforma al Código Procesal Penal que habilita el juicio en ausencia. Esta medida permite juzgar a imputados que no se encuentren presentes en el proceso judicial.
La normativa se aplicará exclusivamente a delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Con esta reforma, el Gobierno apunta a juzgar a los prófugos libaneses e iraníes implicados en el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994 y que dejó un saldo de 85 muertos.