El conflicto por los terrenos en El Mollar, ubicados en las inmediaciones del Dique La Angostura, mantiene en vilo a la comunidad y al Gobierno de Tucumán. Mientras los vecinos del loteo conocido como "Gaucho Castro" aseguran que adquirieron las tierras de manera legítima, el Ejecutivo provincial insiste en que las mismas son fiscales y no pueden ser vendidas.

Según informó La Gaceta, desde octubre, la Provincia reforzó los controles en la zona, argumentando que se detectaron construcciones ilegales en terrenos fiscales. Esto derivó en una medida cautelar de "no innovar" para frenar cualquier desarrollo adicional.

María Argañaraz, una de las propietarias afectadas, declaró a La Gaceta que compró su lote de manera legal. "Soy compradora de buena fe. Trabajo y vivo acá con mi hija menor de edad", afirmó, mostrando documentos que incluyen boletos de compraventa homologados y planos registrados en Catastro.

"Pagamos todo lo que nos pidieron. Los trámites fueron certificados por escribanos y avalados por la comuna. No entiendo cómo ahora nos llaman usurpadores", agregó Argañaraz.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que las ventas son irregulares y que algunas construcciones avanzaron pese a las órdenes judiciales vigentes. Este enfrentamiento llevó a la detención de un propietario por desobedecer la medida cautelar, lo que incrementó las tensiones en la zona.

La comunidad afectada, compuesta por unas 20 familias, reclama una solución inmediata y diálogo con las autoridades. "Queremos que se investigue a fondo. Si hubo irregularidades, no son culpa nuestra; compramos en buena fe y con toda la documentación requerida", enfatizaron los vecinos.

Mientras tanto, el Gobierno continúa con los controles y colocó carteles en la zona que indican que se trata de un área bajo protección judicial.