Hoy iniciarán en los tribunales federales de Comodoro Py las indagatorias en la causa que investiga si el Polo Obrero desvió millones de pesos del programa Potenciar Trabajo hacia dos empresas sospechadas de emitir facturas falsas. En el mismo caso se investigan amenazas y extorsiones a beneficiarios del programa, una instrucción llevada adelante por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello.

La primera ronda de declaraciones, pautada para este martes 11 de junio a las 9:00, incluye a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Estas dirigentes del Polo Obrero están acusadas de presionar a los beneficiarios para que entregaran un porcentaje de su plan Potenciar Trabajo y de revender la comida destinada a los comedores. Según los investigadores, las indagatorias buscan profundizar en el sistema de extorsión y podrían llevar a nuevas medidas de prueba. Los testimonios también abordarán los castigos para quienes no cumplían con las exigencias, con penalizaciones que alcanzaban los $10.000.

El 18 de junio comenzarán las indagatorias de dirigentes acusados de administración fraudulenta de los fondos enviados por el Estado a través de convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social. Jeremías Cantero, número 2 del Polo Obrero, será uno de los primeros en declarar. El 19 de junio será el turno de Elizabeth del Carmen Palma, quien en escuchas de la causa mostró preocupación por una posible investigación por lavado de dinero en la cooperativa El Resplandor Limitado.

El 25 de junio, declararán Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero; Maria Dotti, a quien se le secuestraron 54 mil dólares en su casa, y Roberto Adrián Albornoz, uno de los fundadores de la imprenta Rumbos, investigada por emitir facturas falsas para justificar gastos inexistentes del Polo Obrero.

Las pruebas clave incluyen el desvío de al menos $25 millones a las imprentas Rumbos y Coxtex, empresas investigadas por emitir facturas falsas. Coxtex fue identificada como una empresa creada exclusivamente para emitir facturas apócrifas y ocultar el destino del dinero. Parte del dinero desviado regresó al Partido Obrero a través de aportes institucionales y electorales de Rumbos, con $18 millones confirmados por la Cámara Nacional Electoral bajo este concepto.

La Justicia también investiga a los dueños de Coxtex y otras tres empresas presuntamente fantasmas. María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, cuyas firmas aparecen en la creación de estas empresas, están comprometidos en la investigación. Pichuaga habría cobrado $40.000 por firmar como titular de las empresas.

En total, de los $113 millones por los que el Polo Obrero rindió cuentas, $25 millones fueron desviados a Rumbos y Coxtex. Esta última emitió recibos falsos por $5 millones entre 2020 y 2023, que se ocultaron en las otras tres empresas vinculadas a Pichuaga y Vega, según la investigación.