Esta semana, la venta de IMPSA, una de las principales empresas metalúrgicas de Argentina, llegará a su fase final, marcando la primera privatización bajo la gestión de Javier Milei. La compañía pasará a manos de ARC Energy, una firma estadounidense vinculada al expresidente Donald Trump. Sin embargo, el proceso aún depende de la resolución de una deuda de más de 570 millones de dólares que IMPSA mantiene con varios acreedores. Se espera que el acuerdo con los acreedores se cierre antes del 31 de enero para que se formalice la compraventa.

La privatización de IMPSA se enmarca dentro de la política del gobierno de reducir el déficit fiscal y disminuir la participación estatal en empresas públicas. Sin embargo, las dudas persisten, sobre todo respecto al futuro de los 700 empleados de la compañía, que aún no tienen claridad sobre su situación laboral una vez que se materialice el traspaso.

Los posibles destinos de los empleados de IMPSA

La venta de IMPSA genera incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores de la compañía. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre su situación, la falta de proyectos productivos y la capacidad ociosa de la empresa en este momento complican la previsibilidad. No obstante, la nueva gestión estadounidense ha manifestado planes de expansión en distintos sectores, lo que podría generar nuevas oportunidades laborales, aunque esto dependerá del éxito de los proyectos que se implementen en el corto y mediano plazo.

Es importante destacar que, si bien la privatización promete nuevos horizontes para la empresa, la situación de los empleados se mantiene como uno de los puntos más sensibles de este proceso.

Otras privatizaciones que analiza el gobierno

El caso de IMPSA no es el único, ya que el gobierno de Milei ha expresado su intención de continuar con la venta de otras empresas públicas. De acuerdo con la Ley de Bases, el Ejecutivo tiene la posibilidad de privatizar seis compañías estatales de forma total o concesionarlas. Entre ellas se encuentran Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales.

En el caso de Intercargo, el gobierno ya liberalizó la competencia en los servicios de rampa en los aeropuertos, lo que abre la puerta a la entrada de inversores privados. Aysa, por su parte, ha alcanzado recientemente un equilibrio económico tras un aumento significativo de tarifas, lo que también coloca a la empresa en una situación más atractiva para una eventual privatización o concesión.

Enarsa, la empresa energética que posee activos estratégicos como el gasoducto de Vaca Muerta, también se encuentra en el foco del gobierno, que busca vender sus participaciones. Por su parte, Transener, la principal empresa de transporte de energía del país, podría entrar en el mercado de compradores privados a finales de 2024.