Qué son las "tomas pacíficas" que hará ATE en edificios públicos

La propuesta de Javier Milei de reducir el tamaño del Estado ha generado tensiones con los sindicatos del sector, especialmente con ATE, que esta semana amenaza con intensificar la situación al permitir la "ocupación pacífica" de los organismos en rechazo a los 12.000 despidos contabilizados hasta ahora en la administración pública.

ATE, con aproximadamente 350.000 afiliados en todo el país, está convocando a una protesta en los lugares de trabajo este miércoles. Rodolfo Aguiar, líder nacional del sindicato, ha llamado a los delegados de todas las provincias para continuar con el plan de lucha. No se descarta la posibilidad de convocar a una manifestación en las calles para el viernes, con la consigna de no obedecer el protocolo antipiquetes impuesto por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

DE QUÉ TRATA N LAS TOMAS PACÍFICAS 

La protesta del miércoles implicará el ingreso masivo y simultáneo de los empleados a sus lugares de trabajo. Aguiar ha declarado que la intención es coordinar un horario de ingreso para que los empleados de planta permanente, los contratados temporalmente y los despedidos entren juntos, lo que constituiría una demostración importante de fuerza. Aunque Aguiar rechaza el término "toma", advierte que si el Gobierno no responde reincorporando al personal despedido, la protesta podría derivar en ocupaciones pacíficas de los organismos. Se espera que los reclamos sean más intensos en los ministerios que han experimentado mayores recortes, como la Secretaría de Trabajo, donde se reportaron 523 cesantías en un mes.

LAS BAJAS DEL ESTADO

Según datos del Indec, hasta el mes pasado se registraron un total de 9.646 bajas en la Administración Pública Nacional, pero ATE estima que los recortes podrían alcanzar hasta 70.000 empleados. Por el momento, ATE avanza en su estrategia de confrontación en solitario, mientras que UPCN, el sindicato mayoritario de la administración pública nacional, y que forma parte de la CGT, ha optado por monitorear las bajas sin avanzar en un paro sectorial. Sin embargo, ambos sindicatos coinciden en la necesidad de reincorporar a los despedidos, como se establece en la última acta paritaria.

En paralelo a las protestas en las calles y en los organismos públicos, Aguiar está consultando con el equipo legal de ATE sobre la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el Presidente por considerar "arbitrarios" los despidos. Aguiar sugiere que la decisión de despedir a 70.000 personas sin justificación podría tener consecuencias legales, como la violación de derechos contemplados en la Constitución. Por su parte, Milei ha sugerido que el Estado podría tener 120.000 empleados menos, pero por ahora se han registrado 12.000 despidos, aunque tanto su gestión como los sindicatos del sector estiman que serán muchos más.