En el marco del 92° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrado este viernes en Santa Rosa, La Pampa, las autoridades universitarias de todo el país reclamaron al Senado la pronta aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. 

Los rectores acordaron un presupuesto para 2025 de 7.190 billones de pesos, equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI), con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de educación superior.

En un comunicado oficial, los rectores solicitaron "aumentos razonables" para el año próximo, mientras persisten los reclamos por la situación salarial en el sector universitario. Según un informe reciente elaborado por las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN), los salarios de docentes y no docentes sufrieron una pérdida del 33,3% de su poder adquisitivo en los últimos ocho meses, en un contexto de inflación acumulada del 134,5%. 

La brecha entre la recomposición salarial del 56,9% y el incremento de precios alcanza los 77,6 puntos porcentuales, dejando a más del 85% de los docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza.

Durante el plenario, los rectores acordaron avanzar en gestiones con los senadores de cada provincia para explicar la importancia de la ley, cuyo tratamiento está previsto para la próxima semana en la Cámara Alta. 

El proyecto de financiamiento universitario establece que los fondos asignados al sistema de educación superior en 2024 deben ajustarse según la variación del índice de precios al consumidor (IPC), con un apartado específico para la recomposición salarial de docentes y no docentes, que dependerá de la inflación acumulada desde diciembre hasta la sanción de la ley.

desfinanciamiento de la ciencia

Además de los reclamos salariales, los rectores expresaron su preocupación por la situación de la ciencia en Argentina, destacando que el 60% de los investigadores del país trabajan en universidades públicas. 

En una declaración titulada La ciencia es la universidad, advirtieron que la falta de actualización salarial, la reducción en la inversión en becas y el desfinanciamiento de programas científicos están impactando negativamente en la producción de conocimiento, forzando a jóvenes investigadores a emigrar y paralizando proyectos esenciales.

Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, señaló que el sistema universitario enfrenta un "desmantelamiento en cuotas" y lamentó "los enormes prejuicios del Gobierno nacional", que afectan el normal funcionamiento de las universidades. Aunque tras la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril el Gobierno ajustó un 270% los gastos de funcionamiento, persiste un fuerte atraso en los salarios y en la ejecución de programas científicos.

Los rectores, junto con sindicatos docentes y no docentes, advirtieron que de no aprobarse la ley de financiamiento, la situación podría derivar en un conflicto de gran escala.