Robo de la Ciudad Universitaria: Cerisola declarará el martes

El Tribunal Oral Federal rechazó las nulidades pedidas por las defensas de los acusados en la causa penal por presuntas irregularidades con las regalías mineras en la Universidad Nacional de Tucumán y a partir del martes próximo el proceso comenzaría con las declaraciones del exrector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, y de su exsubsecretario Administrativo, Luis Fernando Sacca.

El tribunal del juicio está formado por los jueces subrogantes Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez

La acusación

Se trata de una investigación por presuntos sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras, realizada con sumas llegadas a la UNT entre 2006 y 2009 por las utilidades de la empresa minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La Universidad es socia de YMAD en virtud de la Ley 14.771, que indica que a la UNT le corresponde el 40% de las utilidades y debe destinarlo a la terminación de la Ciudad Universitaria proyectada a fines de los años 40 en San Javier.

La acusación también abarca presuntas irregularidades en 13 obras, consistentes en pago de sobreprecios, incumplimiento del procedimiento de la ley de Obras Públicas y ejecución de rubros sin justificación técnica. También se trata del reconocimiento que se hizo en favor de una de las empresas contratistas, en el caso de la llamada obra 533, de la Facultad de Derecho. También se los acusó por la colocación de fondos en inversiones fiduciarias y a plazo fijo de forma irregular.

En esta causa están acusados Cerisola y Sacca, así como la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.

Ayer, las defensas cuestionaron el requerimiento fiscal en el juicio. Rosa Luz Casen, una de las abogadas de Cerisola, planteó tres nulidades. La primera se refiere a la constitución del Ministerio Público Fiscal. Casen señaló que el 4 de abril de 2019, el fiscal General Gustavo Gómez, quien estaba subrogando por una licencia, manifestó que tenía "obstáculos subjetivos para la acusación" y no estaba de acuerdo con la elevación a juicio porque "hay cosas que no están especificadas en el requerimiento". Además, Casen mencionó que el entonces presidente del Tribunal, Gabriel Casas, decidió que el fiscal de la Instrucción (Brito) debía estar presente en el juicio, pero el fiscal Brito no está en el juicio. "Esto afecta la coherencia y el principio de legalidad", argumentó Casen.

La segunda nulidad se relaciona con la acusación de la indagatoria de 2016, donde se acusa a Cerisola de "haber defraudado a la UNT ocasionando un perjuicio por un monto de más de 60 millones de pesos correspondientes a intereses producidos en las colocaciones financieras y no ingresados al patrimonio universitario". Sin embargo, en la elevación a juicio se menciona "intereses percibidos". Casen recordó que durante la instrucción ya hubo una acusación por un faltante de 20 millones de pesos, la cual la defensa pudo demostrar que no era cierta, resultando en el sobreseimiento de Cerisola.

El tercer planteo de nulidad se basa en la falta de citación de los peritos contables. Además, Casen solicitó que en el caso de dos testigos fallecidos, Juan Carlos Reimundín y Florencio Aceñolaza, se utilicen sus declaraciones anteriores y que se incorpore como declaración de testigo el libro "Farallón Negro, epopeya del sueño minero" de Aceñolaza. También pidió que se cite al ex presidente de YMAD, Manuel Benítez, y que se libre oficio al tribunal de Catamarca en relación con la nulidad de un expediente administrativo del 25 de octubre de 2019.

El tribunal deliberó durante 40 minutos y rechazó los planteos, con el argumento de que ya fueron resueltos por la Cámara de Apelaciones