La Legislatura de Salta sancionó una nueva ley que establece que, a partir de este lunes, los conductores que sufran un accidente bajo los efectos del alcohol o de las drogas deberán hacerse cargo de los gastos médicos derivados de su atención en los hospitales públicos de la provincia. La medida, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, busca combatir la inseguridad vial y fomentar la responsabilidad en la conducción.

Ley N° 8.477: Una medida para frenar la irresponsabilidad al volante

La ley, promulgada en el Boletín Oficial de Salta, fue aprobada en ambas Cámaras de la Legislatura provincial y autoriza al Ministerio de Salud a cobrar a los conductores irresponsables por los gastos médicos, incluidos prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que el Sistema de Salud Pública les brinde tras un accidente de tránsito.

Según la Ley N° 8.477, aquellos conductores que no puedan abonar los costos de su atención médica deberán realizar servicios comunitarios, en cumplimiento de la reglamentación que aún debe establecer el Ejecutivo provincial. Este sistema tiene como objetivo que los infractores asuman las consecuencias económicas de su irresponsabilidad en la vía pública.

¿Cómo se implementará la ley?

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Francisco Fleming, y el responsable de la Guardia del Hospital San Bernardo, Pablo Puig, se reunieron para definir los detalles de la implementación de la nueva legislación. En los próximos días, el gobierno salteño reglamentará los procedimientos para establecer cómo se llevarán a cabo los cobros de las prestaciones y qué tipos de servicios comunitarios deberán realizar aquellos que no puedan afrontar los gastos hospitalarios.

El gobernador Sáenz destacó la carga económica que representan los accidentes viales para el sistema de salud. En su cuenta de Twitter, el mandatario provincial explicó que en una internación no crítica, los gastos pueden ascender a 15 millones de pesos mensuales, mientras que para un paciente en estado crítico, los costos se disparan hasta los 60 millones de pesos mensuales.

Un enfoque más duro contra la conducción irresponsable

El gobierno provincial sostiene que medidas como quitar el auto o imponer multas económicas ya no son suficientes para disuadir a los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas. "Nos hemos puesto a trabajar sobre cómo hacer que asuman los costos de su irresponsabilidad", expresó Sáenz en noviembre, cuando presentó el proyecto.

Salta, que desde 2014 tiene vigente la Ley de Alcohol Cero (Ley N° 7.846), busca dar un paso más en la lucha contra los accidentes de tránsito. Durante el último fin de semana del año, las autoridades detectaron a 257 conductores conduciendo con alcohol en sangre. En el marco del Operativo Verano Seguro, la Policía de Salta realizó 7.499 test de alcoholemia en toda la provincia, un indicio claro de la necesidad de medidas más estrictas para frenar la irresponsabilidad al volante.