Coxtex es parte de una investigación judicial que involucra al Polo Obrero y sus dirigentes, sospechados de usar facturas de Coxtex para justificar supuestos gastos.

La investigación de la AFIP, encabezada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, reveló que Coxtex emitió facturas por más de $480 millones entre octubre de 2020 y febrero de 2022, pese a no tener infraestructura adecuada. Sus socios fundadores, María Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, habían prestado sus nombres para crear otras tres sociedades en 2020: Consuting SA, Recinsur SA, y Ciriaco Shoes SRL.

Las investigaciones llevaron a allanamientos en los domicilios de Vega y Pichuaga. En el celular de Vega se encontraron mensajes sobre la búsqueda de la AFIP. Ambos viven en condiciones humildes: Vega con su pareja, un albañil, y Pichuaga en un modesto PH.

El 21 de mayo, el juez Casanello solicitó a la Policía Federal que obtuviera toda la información disponible sobre estas empresas y sus socios de la AFIP. Descubrieron que Rumbos no había presentado declaraciones juradas desde 2019 y que sus contadores eran Lucas Adrián Buchichio y Leonardo Daniel Narizzano, quienes también fueron investigados.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cambió su estrategia de defensa, apuntando a la responsabilidad de la AFIP por permitir que estas empresas operaran, y anteriormente, señalando a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social por aprobar las facturas sin detección de irregularidades.