Por segunda vez consecutiva, el Congreso no logró aprobar la Ley de Presupuesto presentada por el Gobierno de Javier Milei. En consecuencia, el Ejecutivo prorrogó el presupuesto del 2023, aprobado bajo la administración de Alberto Fernández. 

La medida fue formalizada a través del Decreto 1131/2024, publicado en el Boletín Oficial, y establece que las disposiciones de la Ley 27.701 continuarán vigentes durante el 2025.

Esta decisión permite al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizar ajustes para adaptar las partidas a las necesidades administrativas del próximo año. Según el Gobierno, el objetivo principal es garantizar la continuidad de los servicios esenciales mientras se preserva la disciplina fiscal.

Ventajas y riesgos de no tener un presupuesto aprobado

La ausencia de una Ley de Presupuesto tiene implicancias prácticas y políticas.

• Mayor flexibilidad para el Ejecutivo: Al no depender del Congreso, el Gobierno puede reasignar recursos mediante decretos, lo que le da margen de acción para responder a contingencias.
• Falta de previsibilidad: Sectores de la oposición critican que esta situación reduce la transparencia y debilita la institucionalidad.
  
  

El economista Daniel Artana destacó que la flexibilidad que otorga la prórroga beneficia al Ejecutivo, pero señaló que "tener un presupuesto es un compromiso institucional más allá del gobierno de turno". Nadin Argañaraz agregó que la asignación de recursos por decreto centraliza el poder en el Ejecutivo, lo que puede generar tensiones políticas.

Impacto en las finanzas públicas y la deuda

El presupuesto prorrogado limita la implementación de cambios clave que el Gobierno buscaba introducir en la administración de la deuda pública.

• Reestructuración de deuda: La propuesta de flexibilizar la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de deuda sin cumplir ciertos requisitos quedó fuera de discusión. Esto podría dificultar operaciones futuras con bonos emitidos bajo Ley de Nueva York.
• Emisión de deuda externa: El proyecto original incluía la colocación de USD 3.500 millones en mercados internacionales, pero esta medida deberá ser reconsiderada dentro del marco legal vigente.
  
  

Con un presupuesto nominalmente menor al ajustado por inflación, el Gobierno deberá administrar recursos con cautela. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Ejecutivo contará con un margen de discrecionalidad de aproximadamente $20 billones, aunque estará condicionado por el contexto económico y los compromisos de deuda externa, que alcanzarán USD 24.000 millones en 2025.

Implicancias políticas y económicas

La prórroga del presupuesto 2023 refleja las tensiones entre el Gobierno y el Congreso, marcando un desafío para avanzar en reformas estructurales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la decisión argumentando que priorizar el equilibrio fiscal es clave para el modelo económico. "No vale la pena sacrificar nuestra ancla fiscal para obtener consensos en el Congreso", afirmó.

Sin embargo, la oposición advierte que el manejo discrecional de recursos en un año electoral podría afectar la transparencia. A su vez, la falta de un presupuesto actualizado pone en evidencia las dificultades de alcanzar acuerdos legislativos amplios.

Un desafío para 2025

En un contexto de elevado riesgo país y reservas internacionales limitadas, el Gobierno deberá gestionar sus políticas económicas con un presupuesto prorrogado y bajo estrictas restricciones fiscales. Este escenario será clave para evaluar la capacidad del Ejecutivo de cumplir con sus compromisos internos y externos, al tiempo que busca sostener la credibilidad en su programa económico.