Un abogado formalizará un pedido de juicio político contra el Tribunal de Cuentas

El abogado Marcos Rougés anunció su intención de presentar un pedido de juicio político en la Legislatura de Tucumán contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf. Rougés fundamenta su solicitud en una serie de acusaciones graves que, según él, descalifican a Terraf para continuar en su cargo.

Rougés argumenta que durante los gobiernos de José Jorge Alperovich y Juan Manzur, el Tribunal de Cuentas, bajo la presidencia de Terraf, se convirtió en un "aparato de extorsión" que ha perjudicado gravemente el patrimonio de los tucumanos. "Existen graves motivos que lo inhabilitan para continuar siendo seriamente un integrante máximo del organismo que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la Provincia de Tucumán", afirmó Rougés.

El abogado detalló una serie de irregularidades que alega han sido perpetradas bajo la dirección de Terraf, incluyendo la falta de control en las comunas rurales, Rougés sostiene que durante los últimos 16 años, el Tribunal no ha fiscalizado adecuadamente el uso de recursos en las comunas rurales de Tucumán. 

Según el denunciante, en el año 2007, el Tribunal no emitió el dictamen constitucionalmente previsto sobre la razonabilidad de la contabilidad de la administración pública centralizada. Además, Rougés acusa a Terraf de convalidar adjudicaciones directas para la construcción de 3.000 viviendas sociales en Lomas de Tafí, las cuales supuestamente presentaban sobreprecios.

El abogado también denuncia un supuesto encubrimiento de los millonarios faltantes en los trabajos realizados por una empresa privada en el Área de Emergentología del Hospital Padilla.

Finalmente, Rougés afirma que Terraf no se excusó de intervenir en contratos del Estado provincial con Luis Eduardo González, su consuegro, lo que podría constituir un grave conflicto de intereses.

El pedido de juicio político se basará en estas acusaciones, con el objetivo de remover a Terraf de su cargo y restaurar la integridad del Tribunal de Cuentas. La Legislatura ahora deberá decidir si toma acciones en respuesta a las acusaciones y al pedido de Rougés.