Un sector de la CGT irá a la Justicia por la restitución de Ganancias

En un encuentro realizado este jueves en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), el líder de Camioneros, Pablo Moyano, y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, acordaron que un sector de la CGT llevará a la Justicia la restitución del Impuesto a las Ganancias y organizará una marcha al Palacio de Tribunales en los próximos días. 

Sin embargo, esta decisión no fue apoyada de manera unánime dentro del sindicalismo, ya que figuras como el líder de la CATT, Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), y su adjunto, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), optaron por mantenerse al margen, esperando que la CGT defina una estrategia conjunta contra Ganancias.

Los abogados de la central obrera están evaluando el curso de acción a seguir, similar a la estrategia empleada con el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que resultó en la judicialización de la reforma laboral. Además, en la reunión de este jueves, se decidió crear una "mesa técnica" con todos los sindicatos afectados por la reinstalación del Impuesto a las Ganancias y realizar asambleas informativas una vez que se presente la demanda judicial.

"Ganancias es un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios", aseguró Pablo Moyano durante el encuentro. También consideró que hay una "contradicción" por parte del Gobierno, ya que "los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario". Moyano confirmó que habrá una protesta con movilización a Tribunales a fines de julio o principios de agosto "para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia".

La mesa chica de la CGT se reunirá nuevamente la semana próxima, con una cuestión central en la agenda: cómo seguirá la relación con el Gobierno. En esta reunión también se discutirá la estrategia judicial en torno al Impuesto a las Ganancias. Por el momento, la intención es que las denuncias judiciales no sean impulsadas directamente desde la central obrera, sino desde los sindicatos.

Mientras tanto, el Gobierno busca acordar con los gremialistas la reglamentación de la modernización laboral, tratando de reducir los efectos de algunos artículos para evitar impugnaciones judiciales.