Veto a la Reforma: La Bancaria se movilizará, junto a otros gremios, para defender a los jubilados
Desde las 13 se concentran frente al Parlamento Legislativo. Además de los bancarios, se movilizan las organizaciones de izquierda, los movimientos sociales, las dos CTA, sindicatos de la CGT y agrupaciones de jubilados.
Tal como lo confirmaron hace unos días, el gremio de los bancarios se movilizará desde las 13 frente al Congreso para manifestarse en contra del veto de Milei. La Asociación Bancaria emitió un comunicado en el que critica con dureza las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, que, según el gremio, "profundiza el ajuste sobre los sectores más empobrecidos de la sociedad, como los jubilados".
La principal queja radica en el veto presidencial a la nueva ley de movilidad jubilatoria, que fue sancionada por el Congreso y que preveía un aumento del 8,1% en los haberes jubilatorios, entre otros beneficios.
El comunicado sostiene que, aunque Milei asegura públicamente que el poder adquisitivo de los jubilados "vuela", en realidad, los haberes perdieron al menos 20 puntos desde diciembre, lo que agrava la situación de los adultos mayores.
Además, denuncia el recorte en el PAMI que eliminó la entrega gratuita de aproximadamente 44 medicamentos, dejando a los jubilados con la difícil decisión de elegir entre "comer o comprarse remedios".
REFORMA JUBILATORIA
El pasado 22 de agosto se aprobó en el Senado la ley de Movilidad Jubilatoria. Esta recomponía en un 8,1% los haberes jubilatorios y contenía una nueva fórmula de movilidad. Se trataba de una iniciativa que desafiaba el equilibrio fiscal que lleva adelante la administración de La Libertad Avanza.
Por lo tanto, el presidente
Javier Mileidecidió vetar por completo la normativa. A través del decreto 782/2024, publicado a primera hora del lunes 2 de septiembre en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto de la oposición que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso.
Cabe aclarar que el jefe de Estado tienen la facultad para desaprobar un proyecto de ley sancionado por el Congreso, impidiendo así su entrada en vigencia.