Momentos de alta tensión se vivieron esta mañana en plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno de Tucumán, cuando un grupo de carreros protestó contra la posible prohibición de la tracción a sangre en la provincia. Los manifestantes defendieron su medio de sustento, mientras que organizaciones animalistas renovaron sus críticas por el uso de caballos en tareas de carga. La protesta se replicó en plaza Urquiza, donde también se registraron tensiones.

Carreros defienden su fuente de ingreso

"Nos quieren quitar los animales. Nosotros mantenemos a nuestras familias con el trabajo del carro. No andamos robando; queremos trabajar y cuidar a nuestros caballos", declaró Manuel, uno de los carreros presentes en la protesta. Otro testimonio emotivo fue el de Dora, una madre que depende de este ingreso para mantener a sus hijos, entre ellos, uno con discapacidad. "Nos prometieron que no iban a firmar la ley, y ahora nos dicen que nos van a quitar los animales sin ofrecernos otra opción de trabajo", expresó al medio La Gaceta.

El conflicto se profundiza con el activismo de organizaciones animalistas, que denuncian el maltrato de los caballos utilizados en tracción a sangre. Según estas entidades, muchos de estos animales trabajan en condiciones de salud deficientes. Sin embargo, Jimena, otra manifestante, defendió su labor: "La mayoría de nosotros cuida bien a sus animales. Si alguien los tiene mal, que le saquen el animal, pero no a todos".

La protesta escaló cuando algunos carreros intentaron avanzar por calle 25 de Mayo, lo cual generó enfrentamientos con la Policía, que buscaba evitar el corte total de la vía. Un jefe policial señaló que la orden era permitir la manifestación sin afectar la circulación. "La comisión de carreros está reunida con el secretario de Gobierno. Pedimos que se limiten a la Casa de Gobierno mientras esperan los resultados", explicó el oficial. 

Este conflicto no es nuevo. La polémica en torno al uso de tracción a sangre ha ganado visibilidad en Tucumán, con rumores recientes sobre un compromiso del gobierno de no aplicar la ley de manera estricta. Sin embargo, ese acuerdo parece haber cambiado, lo que motivó el reclamo de los carreros, quienes exigen una respuesta clara que garantice su fuente de trabajo.