La decisión del gobierno de Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia continúa generando fuertes críticas. Este miércoles, organizaciones civiles como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se sumaron al rechazo de la oposición, calificando la medida como un "grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional de la Corte".

En un comunicado conjunto, las ONG señalaron que la designación por decreto "constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal".

Críticas a la falta de consenso y legitimidad en las designaciones

Las organizaciones recordaron que el Senado tiene la atribución de brindar o no su acuerdo para este tipo de designaciones, un proceso que fue eludido por el gobierno. "El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud", afirmaron. Además, destacaron que en las audiencias públicas realizadas en agosto de 2024 ya se habían planteado impugnaciones por falta de idoneidad e independencia de los candidatos.

Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), fue contundente al respecto: "Si la oposición hace lo que tiene que hacer, estamos ante una enorme derrota política del Gobierno, que después de casi un año no logró el apoyo del Senado para sus candidatos a la Corte y se vio obligado a avanzar con una designación irregular y precaria".

Riesgos para la independencia judicial y el sistema democrático

Las organizaciones advirtieron que la designación por decreto compromete la legitimidad de la Corte Suprema, dejando a dos de sus cinco integrantes en una situación "temporal y precaria". Esto, según explicaron, los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.

Alfie también planteó preocupaciones sobre el impacto en el sistema judicial: "¿Qué fiscal va a investigar al Presidente por el escándalo de $LIBRA sabiendo que el imputado es alguien que puso a dedo a los jueces de la Corte? ¿Qué juez va a dictar la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia de Milei si la propia Corte está compuesta por jueces designados por un decreto inconstitucional?".

Medidas cautelares y reclamos de suspensión

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó una medida cautelar para suspender la toma de juramento de Lijo y García-Mansilla. Según el CEPIS, el decreto 137/2025 "evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al Poder Legislativo".

En definitiva, las organizaciones civiles insisten en que el Senado debe rechazar los pliegos y evitar que esta designación irregular se concrete, defendiendo así la independencia judicial y el equilibrio de poderes.