Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el "hostigamiento en redes sociales, digitales y medios de comunicación" dirigido a "cerca de 30 periodistas" desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei. En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos, el organismo denunció que el gobierno actual está atacando a la prensa.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, comentó que "a pesar de que el actual gobierno lleva solo unos meses en el poder, ya estamos viendo cómo la confrontación, el odio, el temor y las noticias falsas violan las reglas básicas del Estado de derecho".

El informe señala que la red social X (anteriormente Twitter) se ha convertido en la principal herramienta del gobierno para señalar y atacar a los periodistas. Los comunicadores han sido objeto de insultos y calificaciones despectivas como "mentirosos", "ensobrados" e "imbéciles".

Amnistía Internacional mencionó varios casos de periodistas afectados, incluyendo a Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O'Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra y Joaquín Morales Solá. 

Marcelo Longobardi, por ejemplo, fue etiquetado con términos como "dinosaurio" e "idiota" en mensajes reposteados desde la cuenta del Presidente.

El documento también critica el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre nuevos lineamientos para las acreditaciones en la Casa Rosada, y el caso de Silvia Mercado, quien enfrentó inicialmente el rechazo de su acreditación, aunque la decisión fue revertida tras acciones legales.

Amnistía Internacional subraya que "una prensa independiente y crítica es esencial para el Estado de derecho". Los ataques del presidente tienen un efecto desproporcionado sobre el discurso público, fomentando la hostilidad y la violencia. La organización destacó que estos ataques no solo limitan el debate público, sino que también afectan la salud y el bienestar de los periodistas.

Finalmente, Amnistía Internacional ha solicitado a la CIDH y a las Relatorías Especiales que insten al Estado argentino a abstenerse de utilizar discursos criminalizantes y que proporcionen recomendaciones sobre el impacto de las comunicaciones gubernamentales en el periodismo. La organización enfatizó que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales y tienen jerarquía constitucional