El Gobierno de Argentina presentó este martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el asedio a la embajada argentina en Caracas, Venezuela. En su intervención, el embajador argentino en los Países Bajos, Mario Oyarzábal, exigió "determinación" para abordar los "crímenes de lesa humanidad" perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro y lamentó la falta de avances significativos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía venezolana.

Durante su intervención en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya, Oyarzábal destacó la creciente deterioración de la situación en Venezuela, que considera ha empeorado tras las elecciones del 28 de julio. "Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada", señaló el embajador argentino, añadiendo que las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las graves violaciones de derechos fundamentales requieren una investigación exhaustiva y acorde con los estándares de justicia internacional.

Oyarzábal también denunció que la misión diplomática argentina en Caracas ha sido objeto de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados. Este hostigamiento se produce en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuyo bienestar está en peligro. Actualmente, la sede de la embajada y los asilados dentro de ella se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que Argentina expresó su agradecimiento. Sin embargo, el diplomático hizo hincapié en la urgencia de que se respeten las misiones diplomáticas y se otorguen los salvoconductos necesarios para garantizar la salida segura de los asilados.

"La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también socava los principios del orden jurídico internacional", subrayó Oyarzábal, pidiendo a la CPI que actúe con firmeza para que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia internacional.

Desde agosto, la embajada argentina permanece bajo la protección de Brasil tras la expulsión de los diplomáticos argentinos por parte del gobierno de Maduro. En septiembre, el régimen venezolano revocó la autorización para que Brasil asumiera esa protección, argumentando que los seis venezolanos asilados en la embajada estaban involucrados en la planificación de actos terroristas a favor de la líder opositora María Corina Machado.

Machado, por su parte, denunció en redes sociales que lo que ocurre en la embajada argentina en Caracas "es tortura en territorio argentino", refiriéndose al trato que reciben los asilados, quienes permanecen aislados, sin acceso a agua o luz, y rodeados por fuerzas del régimen. Aseguró que los seis venezolanos, entre ellos los exministros Pedro Urruchurtu y Fernando Martínez Mottola, están siendo sometidos a un acoso creciente por parte del régimen de Maduro.