Argentina solicitó una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar las continuas violaciones de derechos humanos y los actos de acoso político perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro contra la sede diplomática de Argentina en Caracas. La embajadora argentina en Venezuela, Sonia Cavallo, hizo oficial la solicitud para que el canciller Gerardo Werthein exponga las graves irregularidades y el hostigamiento que enfrentan los refugiados políticos en la embajada, que buscan protección tras ser perseguidos por el régimen venezolano.

La solicitud fue respaldada por varios países de América Latina y Estados Unidos, incluidos Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Ecuador. 

Los embajadores de Brasil, Colombia y México, países clave en el foro regional, aún no respondieron si se sumarán al reclamo contra Maduro, a pesar de conocer las denuncias de acoso y presión ejercida por el régimen venezolano sobre los opositores refugiados en la embajada argentina.

Desde marzo de este año, la embajada de Argentina en Caracas alberga a seis destacados opositores que enfrentan acusaciones falsas de conspiración y traición a la patria, cargos utilizados por el gobierno de Maduro para reprimir a la oposición. La Cancillería argentina exigió al gobierno de Venezuela que conceda asilo legal a estos refugiados, tal como lo estipulan los tratados internacionales, pero el régimen de Maduro respondió con desdén e intensificó sus acciones de hostigamiento.

Acoso y condiciones de vida extremas en la embajada

El hostigamiento contra los opositores se intensificó en las últimas semanas, con el corte del suministro de agua y electricidad en la sede diplomática. La empresa estatal de electricidad Corpoelec cortó los fusibles de la embajada, dejando a los refugiados sin suministro eléctrico. Aunque la embajada tiene una planta eléctrica pequeña, solo funciona unas pocas horas al día, lo que afectó la conservación de alimentos y el funcionamiento de equipos básicos. La situación se agravó con la restricción de agua potable, ya que desde el 27 de noviembre las autoridades venezolanas impiden la entrada de camiones cisterna, dejando a la embajada con reservas mínimas de agua.

Los seis dirigentes opositores bajo resguardo de la embajada son Magalli Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola. Todos ellos forman parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y son perseguidos por su oposición al régimen de Maduro, especialmente tras las fraudulentas elecciones presidenciales en las que la oposición ganó, pero Maduro desconoció el resultado.

En un contexto de creciente tensión internacional, el gobierno de Brasil, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, y de otros países como México y Colombia, mostró reservas para apoyar de manera contundente una resolución condenatoria contra el régimen de Maduro. Estos países, a pesar de conocer las operaciones de acoso y represión del régimen venezolano, se mostraron reacios a alinearse completamente con la postura de Argentina.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, mantuvo una postura moderada respecto a Venezuela, en parte debido a las relaciones comerciales con el régimen de Maduro, que incluye la compra de petróleo a precios preferenciales. Además, figuras políticas como Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México, que mantienen una postura más cercana a la izquierda latinoamericana, no han mostrado disposición a unirse al reclamo argentino, dada la tensión política con el presidente argentino, Javier Milei.

La respuesta de la OEA y el futuro de la denuncia

A pesar de las dificultades para conseguir un consenso completo en la OEA, el gobierno argentino mantiene firme su intención de que el canciller Werthein exponga la denuncia en la sesión extraordinaria prevista para este miércoles. En esta sesión, Argentina espera lograr una condena internacional contra las violaciones de derechos humanos por parte de Venezuela, al tiempo que busca obtener el apoyo de la comunidad internacional para presionar a Maduro a cumplir con los compromisos internacionales de protección a los refugiados.

Desde la Cancillería argentina, dejaron claro que se seguirán explorando todas las vías diplomáticas para garantizar la protección de los seis refugiados políticos y poner fin al acoso sistemático del régimen de Maduro, que no solo vulnera los derechos de los opositores, sino también los principios fundamentales de la diplomacia internacional y el respeto a la soberanía de las embajadas.