Canje de deuda: el riesgo para el Gobierno si el Congreso rechaza el DNU de Caputo

El Gobierno se enfrenta a una creciente presión política en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/2024, que flexibiliza las condiciones para realizar canjes de deuda, especialmente en moneda extranjera bajo legislación local. Este martes, la Cámara de Diputados debatirá su aprobación, y la oposición se prepara para rechazarlo, lo que podría tener graves consecuencias para la administración económica y financiera del país.

El DNU modifica la Ley de Administración Financiera (LAF), permitiendo al Poder Ejecutivo llevar adelante canjes de deuda sin la obligación de mejorar ciertas condiciones, como los plazos, intereses o montos, lo que estaba estipulado por el artículo 65 de dicha ley. De acuerdo con el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, este cambio no responde a una operación inminente, sino que busca otorgar herramientas para "administrar pasivos" en un contexto de alta presión financiera y vencimientos de deuda.

La oposición, liderada por diversos sectores políticos, alerta sobre el peligro de que esta flexibilización abra la puerta a un endeudamiento desmedido, que podría empeorar aún más la sostenibilidad de las finanzas públicas. Señalan que, al eliminar la exigencia de mejorar las condiciones del canje, el Gobierno podría incurrir en compromisos con mayores tasas de interés y plazos más largos, lo que incrementaría el costo total de la deuda y afectaría la estabilidad económica.

Los detractores del DNU también cuestionan la eliminación de la limitación que, en la versión original de la LAF, solo permitía la flexibilización de los términos de la deuda en moneda local (pesos). Ahora, con la nueva normativa, también se permite que el Ejecutivo realice canjes de deuda en moneda extranjera bajo legislación local, lo que generaría mayor flexibilidad para el Tesoro ante los próximos vencimientos de deuda.

Otro aspecto destacado es la modificación de los límites de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo que amplía su capacidad para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos, sin importar si tienen garantías o no. Esta medida también permite la suscripción de deuda pública en cualquier moneda, ofreciendo mayor flexibilidad para las inversiones del FGS.

Presión sobre las reservas y los vencimientos de deuda

La flexibilidad otorgada por el DNU se da en un contexto de serias dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar los vencimientos de deuda en el próximo año. Según estimaciones, los compromisos alcanzan los 20.000 millones de dólares, de los cuales casi 9.000 millones corresponden a bonistas privados y el resto a organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID.

El Gobierno ya realizó pagos anticipados de los intereses, como los 1.500 millones de dólares previstos para enero, y se encuentra en negociaciones para acceder a un préstamo REPO con bancos internacionales, con el objetivo de reforzar las reservas del Banco Central (BCRA). Sin embargo, las reservas netas del BCRA se mantienen en cifras negativas, con un saldo cercano a los 5.000 millones de dólares, lo que agrava la situación.

En cuanto a la posibilidad de recurrir nuevamente al mercado internacional de deuda, Caputo mencionó que, de ser posible acceder a tasas de interés razonables, se buscaría refinanciar los compromisos mediante la emisión de nuevos bonos en el mercado internacional hacia julio de 2025.