Capital Humano apeló al fallo de la Justicia que exige un informe sobre la entrega de alimento
El juez Martín Cormick le había dado un plazo de 48 horas a la cartera de Sandra Pettovello para que detallara cómo se está llevando a cabo la distribución de los bienes depositados en Villa Martelli y Tafí Viejo.
El Ministerio de Capital Humano apeló hoy el fallo del juez Martín Cormick que había exigido un informe detallado sobre cómo el Gobierno garantizaría la entrega de alimentos depositados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán, en un plazo de 48 horas. La medida judicial responde a un pedido del dirigente social Juan Grabois.
El cargamento en cuestión incluye casi seis millones de kilos de alimentos destinados a comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales gestionados por el Ministerio. La cartera dirigida por Sandra Pettovello había apelado previamente otro fallo similar del juez Sebastián Casanelo, argumentando que el magistrado "violó la Constitución Nacional" al "entrometerse" en una política pública del Gobierno nacional.
La Justicia insiste en la entrega de alimentos
Desde la Justicia, se reiteró el pedido de informe, subrayando que la causa busca garantizar los derechos a la alimentación, la vida, la salud y el desarrollo holístico de las personas beneficiarias. "Toda vez que la resolución dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intímese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2 de dicha resolución", señaló el fallo judicial.
Esta presentación se refiere a la medida cautelar emitida por el juez Walter Lara Correa, que hizo lugar al recurso de amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para garantizar el derecho a la alimentación en los comedores.
El Ministerio de Capital Humano defendió su apelación indicando que la decisión judicial responde a una solicitud de Grabois, y sostiene que la intervención judicial en la distribución de alimentos es una intromisión en las políticas públicas del Gobierno.