Los implicados intentaron encubrir el asesinato, sosteniendo que la víctima se había ocultado en el monte. Tras la investigación, se descubrió que llevaron el cuerpo a la comisaría de Monteagudo y lo arrojaron por un precipicio en La Banderita, Catamarca, donde fue encontrado días después.

La fiscala Mónica García de Targa, encargada de la investigación, imputó a diez policías, entre ellos Rubén Montenegro (subcomisario) y José Morales (oficial), por privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada. A pesar de que en abril de 2021 se solicitó la elevación a juicio, la defensa de uno de los acusados argumentó que el caso debía ser tratado por la Justicia Federal, lo que llevó a la Cámara de Casación a decidir la remisión del caso a esta última.

Durante el juicio, el fiscal Pablo Camuna y la auxiliar Lucía Doz Costa presentaron pruebas que confirmaban la culpabilidad de los acusados, pidiendo condenas para todos, excepto para Álvaro González. Se alegó que durante una serie de persecuciones, al menos cuatro policías dispararon, resultando en la muerte de Espinoza.

El 29 de marzo del año anterior, el Tribunal Oral Federal condenó a prisión perpetua a José Alberto Morales, Rubén Héctor Montenegro, Claudio Alfredo Zelaya y Gerardo Esteban González. Miriam Rosalba González fue sentenciada a 12 años de prisión por su participación secundaria en el homicidio y coautoría de privación ilegítima de libertad. Otros policías recibieron penas de 5 a 7 años por encubrimiento. Por el beneficio de la duda, se absolvió a Héctor Fabio Villavicencio y Álvaro Gonzalo González.

Debido a la disidencia entre los jueces, se apeló la decisión, y la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la materialidad de los hechos, desestimando la hipótesis de fuego cruzado y determinando que los policías actuaron ilegalmente. Se estableció que Morales disparó y mató a Espinoza, y que Juan Antonio Espinoza fue golpeado y esposado sin justificación.

La Corte rechazó las nulidades planteadas por la defensa de Carlos Romano, manteniendo la responsabilidad penal de la mayoría de los acusados, excepto por Miriam Rosalba González, cuya calificación se modificó a coautora de encubrimiento agravado, recibiendo una pena de cuatro años y siete meses de prisión.

Finalmente, se ordenó una reparación integral a las víctimas de 20 millones de pesos, actualizable según la inflación. El juez Carbajo destacó la solidez de la sentencia, subrayando la gravedad de la violencia institucional y el abuso de poder por parte de los policías involucrados.