La Cámara Baja oficializó la creación de una comisión investigadora para analizar el caso $Libra, luego de que el presidente Javier Milei promocionara en redes sociales una criptomoneda sin respaldo oficial. El cuerpo estará integrado por 28 diputados, divididos de manera equitativa entre oficialismo y oposición.

El oficialismo logró ubicar a legisladores propios y aliados: PRO, MID, UCR y bloques provinciales. Por el otro lado, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal completan los 14 lugares opositores. El quórum mínimo es de 15 miembros y cada paso deberá votarse internamente.

Martín Menem, presidente de Diputados, firmará la resolución este martes y se espera que la comisión sesione el 23 de abril para elegir autoridades. La presidencia no tendrá voto doble, por lo que cualquier empate requerirá acuerdos entre sectores enfrentados.

Cruces políticos y advertencias internas

Desde Encuentro Federal, los diputados Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño criticaron la fragmentación de bloques que debilita el proceso legislativo. En un comunicado, pidieron que la presidencia de la comisión no bloquee el avance de la investigación. "Si no hay nada que ocultar, se debe facilitar todo para esclarecer los hechos", expresaron.

En contraposición, el libertario Nicolás Mayoráz rechazó la creación misma de la comisión: "La oposición ya tiene un juicio formado, esto es un circo". Desde el MID, Eduardo Falcone planteó que el Gobierno podría aprovechar esta instancia para demostrar transparencia: "Si está limpio, no tiene nada que temer", afirmó.

La interna radical también marcó presencia. Pablo Juliano (Democracia para Siempre) criticó la creación del bloque Liga del Interior, alineado con el oficialismo: "Nosotros defendemos a los jubilados y la educación pública; otros garantizan impunidad". Su compañero Fernando Carbajal prometió dar pelea "por la ética pública y la decencia".

Facultades, plazos y posibles consecuencias

La comisión tendrá tres meses para investigar y emitir un informe final. En ese período podrá solicitar documentos, citar a funcionarios -incluso al propio presidente Milei y a su hermana Karina-, tomar testimonios y recibir denuncias. Todo paso, sin embargo, deberá ser votado, lo que pone en duda la agilidad del proceso.

El foco estará en la responsabilidad política de los funcionarios que facilitaron o no impidieron el vínculo entre los promotores de Libra y el Ejecutivo. Si en el informe final surgen pruebas contundentes, la comisión puede recomendar el inicio de un juicio político al presidente, algo que ya impulsa Unión por la Patria.