A diez días del crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la UFI N°5 de Florencio Varela, solicitó ser apartado de la investigación. En un documento de siete carillas, Bustos Rivas aseguró que sufrió "intimidación y amenazas" por parte del abogado de la madre de Josué, Carlos Diéguez, lo que compromete su "objetividad e imparcialidad".

El fiscal afirmó que Diéguez lo presionó para aceptar su hipótesis delictiva, vinculada al "narcomenudeo", y lo amenazó con consecuencias laborales y exposición mediática. "Nunca vi algo igual en mis 42 años en el sistema penal", declaró Bustos Rivas.

Bustos Rivas argumentó que las acciones del abogado generaron una "violencia moral" que afectó su "equilibrio espiritual" y le provocó temor por su función y carrera judicial. "Reitero mi total asombro, sorpresa y también temor ante el accionar del mencionado letrado", expresó en el documento.

El fiscal, con 18 años de trayectoria en el Ministerio Público, se amparó en el artículo 47, inciso 13, del Código Penal para solicitar su apartamiento. En las próximas horas, se sorteará una nueva fiscalía para continuar con la investigación.

La hipótesis del narcomenudeo y la presión mediática

Según el fiscal, Diéguez insistió en que el crimen de Paloma y Josué estaba relacionado con el "narcomenudeo" y no con la inseguridad común. Aunque Bustos Rivas no descartó esta línea de investigación, criticó la forma en que el abogado intentó imponer su teoría.

"Podría haberlo incluido en una nueva línea investigativa sin problemas. Sin embargo, el letrado comenzó a realizar manifestaciones respecto a mi función", explicó el fiscal. La presión mediática y política también fue un factor que influyó en su decisión de apartarse del caso.